#Basesnuevaley


Introducción

En torno al Documento de Bases de la nueva Ley de Servicios Sociales, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales,  ha puesto en marcha un proceso de participación y debate, con el objetivo de recabar las opiniones y aportaciones de la ciudadanía asturiana.


Estructura del debate

A través de esta página puedes realizar las aportaciones que consideres oportunas. A continuacíón, te mostramosalgunos aspectos importantes para poder hacerlo.

Puedes participar

Cualquier puede tomar parte del debate, tras haber procedido a un registro previo. Si todavia no lo has hecho, puedes registrarte aqui.

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Los participantes en el debate pueden aportar sus opiniones a través de comentarios, argumentos a favor o en contra. Todos los comentarios están moderados, y puedes consultar las normas de moderación aquí.

Conclusiones

A la finalización del debate, se extraerán una serie de conclusiones que se compartirán desde este mismo portal. Estas conclusiones serán también trasladadas al organismo competente de la Administración Autonómica.

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Si lo deseas, puedes indicarnos qué te parece la iniciativa. Puedes votar si estás a favor o en contra, o hacer un comentario. Puedes ver otras opiniones más abajo en esta misma página.

Comentarios

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Puedes realizar tus aportaciones desde el 19/03/2019 al 19/04/2019.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA


DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNANZA PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y AGENDA 2030
PORTAL DE PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Informe emitido automáticamente por la aplicación para hacer constar la publicación de la iniciativa.


Informe de la iniciativa

Privado: Documento de Bases de la nueva Ley de Servicios Sociales del Principado de Asturias.

Tipo

F. publicación

F. inicio de aportaciones

F. fin de aportaciones

Consejeria

Organismo

Proceso Participativo

2019-03-19

19/03/2019

19/04/2019

Consejería de Servicios y Derechos Sociales

Comentarios recibidos

COPESPA El COPESPA , colegio profesional de la educación social del Principado de Asturias

Antes de nada, manifestar nuestra enorme preocupación, por el desconocimiento absoluto de la profesión entre los máximos responsables de los servicios sociales de nuestra comunidad. La formación universitaria de grado, la especificidad de nuestra formación, la intervención socioeducativa como herramienta de desarrollo profesional , y el desarrollo comunitario o la presencia de nuestro trabajo con colectivos como menas, personas mayores, menores o intervención familiar, seria un error a nuestro entender que no formará parte de este nuevo escenario . La confluencia de los estudios universitarios en Europa, nos sitúa como profesionales de referencia junto a otros profesionales. La falta de nuestra figura como ocurre en la actualidad, entendemos dejará cojo cualquier ley que aparte a quienes dedican su formación a entornos tan concretos como los d la nueva ley que se pretende construir entre todos. Aun así, y pidiendo se incorpore nuestra figura de manera normalizada al proceso, estas son nuestras reflexiones. APORTACIONES A LA NUEVA LEY DE SERVICIOS SOCIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS En cuanto al objeto de la ley se propone que sea un derecho subjetivo así como se garantice su ejercicio efectivo, pero en ningún momento hace referencia al modelo de intervención. Considero que este debe estar basado en una atención integral centrada en la persona o la unidad de convivencia. En lo que se refiere a principios rectores, no se incluyen los siguientes principios: Solidaridad, a mi juicio fundamental como motor de las relaciones humanas. Globalidad, ya que en la atención integral no solo se de tener en cuenta la intervención sobre las dificultades, sino la prevención primaria, la promoción y la inserción. Continuidad del servicio o prestación sin que se produzca una reducción o supresión de la misma de manera injustificada. En el marco conceptual se señala el respeto de los derechos, pero no se indica en condiciones de igualdad independientemente de factores personales como edad, sexo, religión, procedencia, cultura, idioma…, imprescindibles a tener en cuenta en una atención social de calidad. El modelo de atención que propone este nuevo texto normativo incorpora el enfoque preventivo, siendo este muy importante, no lo es menos la intervención y la inserción, tal y como he señalado anteriormente. Por otro lado, se indica la prioridad de la atención de las personas en su domicilio con los apoyos necesarios, en el caso de menores, se debería añadir “siempre que el interés superior del menor así lo aconseje” y en función del caso concreto, ya que priorizar el mantenimiento del menor en el entorno familiar puede suponer un riesgo en ocasiones. Asimismo, se añade “siempre dentro del límite del gasto público máximo por persona que se determine”; en atención social y en lo que se refiere a grupos de riesgo considero un peligro atender a criterios mercantilistas que a largo plazo pueden suponer un coste mayor. Asimismo, este documento incluye que se debe garantizar la continuidad entre servicios, tanto del sistema de Servicios Sociales como de otros sistemas, creo que debe añadirse también coordinación, que garantice una atención integral de la persona en todos los contextos. Las claves procedimentales no indican un itinerario concreto de funcionamiento para todos los Centros de Servicios Sociales, que incluyan modos de acceso, funciones de cada uno de los profesionales que conforman los equipos, pasos a seguir de las personas usuarias…, creo que es un punto muy importante a tener en cuenta en el trabajo con las personas demandantes de atención social. La prestación de servicios en el sistema de servicios sociales incorpora la alianza con el Tercer Sector incumpliendo alguno de los principios rectores señalados en la presente ley como son la responsabilidad pública o la calidad; los servicios sociales en tanto a que son una responsabilidad pública deben dar respuesta desde el sistema público de Servicios Sociales, ya que de no ser así la calidad y la eficiencia en las mismas puede verse mermada por criterios económicos o profesionales. Sería necesaria, según mi punto de vista, una revisión exhaustiva de todos los programas concertados. En la distribución de las infraestructuras básicas, se propone mantener los Centros Municipales de Servicios Sociales con las Unidades de Trabajo Social, pero teniendo en cuenta que se aboga por un trabajo multidisciplinar y una estructuración sin niveles de atención, lo más correcto sería llamar a estas unidades como Unidades de Servicios Sociales, ya que estas se encuentran formadas por diversos profesionales no sólo del ámbito del trabajo social, lo cual puede dar lugar a confusión a los usuarios. Para la garantía de participación me parece importante y necesario solicitar colaboración por parte del sistema sanitario y educativo ya que son instrumentos de la vida cotidiana de las personas y pueden resultar útiles para dar a conocer, sobre todo a personas o colectivos en riesgo de exclusión social, el ámbito de los Servicios Sociales, tanto para la prevención, como la atención o la derivación en el caso de que fuera preciso. El eje 7, que señala la promoción del Tercer Sector de acción social, propone la puesta en marcha de programas o servicios experimentales de atención a las personas, creo que debe especificarse qué tipo de programas o servicios y dirigidos a qué colectivos, ya que el trabajo de intervención social en según qué situaciones requiere de programas o proyectos con profesionales que garanticen cierta continuidad y una correcta fundamentación previa que justifique dicha intervención. Para la promoción de la calidad de la atención se indica la necesidad de establecer mecanismos para la aplicación de buenas prácticas, yo añadiría asimismo la elaboración de un código deontológico que garantice dicha calidad. En la inspección de servicios se habla de involucrar a los profesionales en las evaluaciones pero no se incluye a las personas usuarias en las mismas, me parece fundamental ya que son parte importante en el funcionamiento de los recursos. En cuanto al régimen sancionador, yo incluiría la sanción económica en función de la gravedad y el daño. Por otro lado, sólo habla de imputación muy grave para personas titulares o gestores de servicios pero creo que también debe hacerse referencia a los profesionales que trabajen en dicho servicio siempre y cuando se demuestre que son principales causantes de la infracción que se haya producido.

2019-04-19

aarte VARIAS APORTACIONES

Desde la Asociación Asturiana de Residencias de la tercera Edad, Centros de Día y Ayuda a Domicilio queremos realizar los siguientes comentarios al documento de bases presentado: EJE 3. Prestación de servicios en el sistema de servicios sociales. En relación a la inclusión de cláusulas sociales y medidas de discriminación positiva en la contratación con entidades privadas, hacer hincapié en que estas cláusulas tengan impacto positivo en la calidad del servicio a contratar y no discriminen o perjudiquen las opciones de centros de menor tamaño, que habitualmente no disponen de los mismos recursos y posibilidades que centros gestionados por grandes grupos. EJE 8. Promoción de la calidad de la atención. En relación a la promoción de la aplicación de sistemas de evaluación y procesos de mejora continua de la calidad, recordar que aún está pendiente de desarrollo reglamentario el sistema de evaluación periódico de la calidad en la prestación de los servicios vinculado a la acreditación de los centros y servicios (y que tendría que haberse hecho en un plazo máximo de 3 años desde la entrada en vigor el 05 de junio de 2011 del Decreto 43/2011 que aprueba el Reglamento de Autorización, Acreditación, Registro e Inspección de Centros y Servicios Sociales, este desarrollo). Teniendo en cuenta que actualmente existe una variedad de sistemas en los distintos centros (entrega anual de Memoria de Acreditación, Sistema de Gestión de Calidad según ISO 9001 y/o según UNE 158101 – certificado o no por entidad de certificación acreditada por ENAC, auditorías internas periódicas por empresa externa, ningún sistema…), consideramos fundamental concretar este punto, para poder posteriormente verificar su efectiva implantación, si bien permitiendo más de una opción para que cada centro o servicio, en función de sus características y recursos, opte por el más adecuado. EJE 8. Inspección de servicios. En relación al establecimiento de una periodicidad mínima de inspección, estamos totalmente de acuerdo y lo consideramos fundamental para evitar la situación actual en la que muchos centros no han recibido inspecciones durante los últimos años. Para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos y un trato equitativo para todos los centros y servicios, apoyamos que se concrete una periodicidad mínima, que bien pudiera ser variable en función de si el centro o servicio está o no acreditado (teniendo en cuenta que los acreditados deben presentar una Memoria anual), o incluso vinculado al sistema de evaluación periódica de la calidad que se defina. Lógicamente este punto tendría que ir en todo caso acompañado de una dotación adecuada y suficiente de recursos en el Servicio de Inspección y Acreditación de Centros, pues de nada serviría concretar una periodicidad que fuera en la práctica inasumible por el personal inspector. 2-3 años pudiera ser una frecuencia adecuada, o establecer una frecuencia variable en función del resultado de la anterior, como ocurre actualmente con las inspecciones de Sanidad a comedores colectivos, que varían de 6 meses a 2 años en función del resultado de la anterior. Por otra parte, consideramos fundamental que este régimen de inspecciones se aplique igualmente a centros y servicios de titularidad pública, para asegurar el cumplimiento de todos, no sólo de los de titularidad privada. Régimen sancionador. Apoyamos la extensión del régimen de infracciones y sanciones a profesionales de los centros y servicios, para que no repercuta siempre en la entidad titular lo que puede haber sido una negligencia de un profesional concreto sin su conocimiento. Adicionalmente, habría que vincularlo con un sistema de registro que permitiera a las entidades comprobar la existencia de sanciones previas antes de realizar una contratación. Respecto a las sanciones a personas usuarias, lo vemos de difícil concreción, pues actualmente ya están afectados por los Derechos y Deberes y el régimen de convivencia que se recogen en los Reglamentos de Régimen Interior, y que permiten en caso de incumplimiento proceder a la expulsión del centro, y si los hechos fueran constitutivos de delito en todo caso procedería una denuncia ante las autoridades.

2019-04-12

vanesa.alvarez@fundacionamaranta.org aportaciones Fundación de Solidaridad Amaranta

En relación a la elaboración de la Ley de Servicios Sociales , consideramos importante desde nuestra perspectiva de atención de víctimas de trata con fines de explotación sexual, realizar aportaciones en orden a la mejora de la citada Ley y consecuentemente del sistema público de servicios sociales de Asturias. En ese sentido nos parece esencial incorporar al colectivo de víctimas de trata y explotación sexual entre aquellos a los que se les excepciona del cumplimiento de requisitos de nacionalidad y residencia generales para acceder a los servicios sociales garantizados , habida cuenta de que se trata de víctimas de violencia de género, que han sufrido , en la mayoría de los casos, una grave vulneración de derechos. Las víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual deben ser consideradas a todos los efectos como víctimas de violencia de género, y ello en aplicación de la normativa internacional incorporada al derecho español ( Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, ratificado por España ( BOE 6 de junio de 2014), y siguiendo las directrices del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género que recoge la necesidad de ampliar las disposiciones protectoras de la Ley 4/2000, para abarcar otras formas de violencia de género , especialmente la trata de personas con especial incidencia en mujeres y niñas. Es por ello que, en tanto no se incorporen a la citada Ley 4/2000, la no inclusión explícita de estos colectivos, que sin embargo sí reciben la consideración de víctimas de violencia de género, en el capítulo de aquellos en los se rebajan las exigencias legales en atención a su mayor vulnerabilidad ( víctimas de violencia de género-doméstica, menores de edad , internos en centros de privación de libertad) supondría de facto excluirlos del sistema de protección, precisamente en aquellos momentos en los cuales más necesaria se hace el acceso a los servicios sociales.Así pues sería necesario su inclusión explicita en los términos señalados.

2019-04-11

COTSA Aportaciones desde el Colegio de Trabajo Social de Asturias al documento de bases de la nueva Ley

Desde el COTSA queremos hacer llegar algunas aportaciones a la propuesta de documento de bases para la nueva ley de SSSS del Principado, agradeciendo a esa Consejería la posibilidad de trabajar en equipo este documento y de tener en cuenta las apreciaciones de un grupo profesional, tan significativo en los servicios sociales como es el nuestro. Comenzamos con una apreciación general en la cual nos mostramos coincidentes, en líneas generales, con el objeto y el modelo que subyace, dando la importancia, que realmente tiene, a la intervención profesional y a la prevención. En líneas generales queremos recordar la importancia de tener en cuenta el lenguaje inclusivo en todo el documento, garantía de que también se va a tener en cuenta la igualdad de forma transversal. Tal y como expusimos el día de la jornada, es fundamental que no quede lugar a dudas en relación a la Universalidad de los Servicios Sociales, para no dar un paso atrás en los derechos de la ciudadanía. ÁMBITO DE APLICACIÓN Señalar que las tres áreas propuestas nos parecen adecuadas, si bien no estamos de acuerdo con la denominación: Parentalidad Positiva. No es inclusiva, también tenemos Marentalidad, además hay muchas figuras que ejercen esa función, abuelas/os, tías/os, etc., y no se ven reflejados en Parentalidad. Creemos que Convivencia familiar incluye todo, bien explicado no tiene por qué llevar a equívocos, o en tal caso modificar el nombre por algo similar a Apoyo a la función de crianza.   MARCO CONCEPTUAL Creemos necesarios añadir: • Garantizar la atención integral de carácter individual, familiar, grupal o comunitaria, a las personas que accedan al SASS. • Prevenir situaciones de riesgo. • Analizar situaciones de vulnerabilidad • Fomentar la investigación, gestión de conocimiento y su transferencia aplicada, así como la innovación en el ámbito de los SSSS. MODELOS DE ATENCIÓN Nos preocupa la posible distribución de servicios y recursos en función de la demanda. Entendemos que hay que ajustar los mismos, pero atendiendo siempre a no perjudicar a los municipios más pequeños. Suponemos que, dado que el espíritu de la ley, que garantiza servicios y prestaciones, ya se tiene esta intención, si bien queremos remarcarla. CLAVES PROCEDIMENTALES Entendemos que la puerta de acceso al sistema siguen siendo los servicios sociales de base, pero creemos necesario quede bien aclarada y acotada la frase: “aunque puedan existir otras”. Entendemos que hay unidades de trabajo social en el sistema sanitario, tanto en centros de salud como en hospitales, en centros sociales, etc. El condicionamiento de la apertura del derecho a la existencia de una necesidad se contrapone con la Universalidad para algunos de los servicios y prestaciones, es peligroso condicionar en general, insistimos que supone la pérdida de la universalidad que queremos caracterice a nuestro sistema. En cuanto al Plan de Atención Personalizada, como bien dice la ley es un instrumento técnico, y no creemos necesario que en una ley general tenga que explicarse cómo hacemos las y los técnicos nuestro instrumento. En cuanto al apartado de asignar a cada persona o familia un/a profesional de referencia, en el Centro de Servicios Sociales. Este tema nos preocupa sobradamente, dado que hasta la fecha, y atendiendo al funcionamiento natural de los Servicios sociales desde su creación, en las unidades de trabajo social de base, UTS, el profesional de referencia es el o la trabajadora social. Igual que en el centro de salud es el médico de cabecera o en los Centros Educativos el profesor/a-tutor/a del alumnado. Hasta las personas paradas de larga duración van a contar ahora con un/a profesional de referencia que será un/a orientador/a laboral, como es lógico. Cada sistema con su profesional especializada/o. Esto no quiere decir que si se precisa de intervención de un equipo más especializado, dentro del mismo se establezca otro profesional de referencia adecuado a cada caso, pero el de base, el de cabecera, es y será su trabajadora/or social de base, y esto debe constar en la ley por justicia y respeto hacia la profesión que ha creado los servicios sociales, lucha por ellos y continúa haciendo este rol desde hace treinta años. SISTEMA ASTURIANO DE SERVICIOS SOCIALES Tal y como hemos explicado en los talleres de trabajo de este documento, nos parece necesario diferenciar los servicios y prestaciones de servicios sociales, de la garantía de rentas, y esto debería ir constando en la nueva legislación de forma que podamos ir caminando hacia ese modelo. Este modelo defiende la importancia y los esfuerzos en el acompañamiento antes las situaciones que pasan en la vida de las personas en cualquiera de sus etapas vitales. La dependencia/autonomía; la exclusión/inclusión; la desprotección/protección. Es imprescindible una ratio de profesionales que posibilite una atención de calidad en la intervención. La actual de un/a trabajadora social por cada 20.000 personas sólo posibilita atender emergencias sociales. La ratio de 1 x 3.000 sería la mínima necesaria para dar respuesta a las crecientes y cambiantes demandas sociales. De esta manera se le concede más importancia a la intervención social que a la mera gestión de recursos. PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL SISTEMA ASTURIANO DE SERVICIOS SOCIALES Queremos poner el foco de atención en la necesidad de establecer, tal y como consta en este documento, clausulas sociales en la gestión concertada y privada, claras, objetivas, y que garanticen la calidad de los servicios que se oferten bajo responsabilidad pública. Teniendo muy claro aquellos servicios que por su importancia o delicadeza, no deben acogerse a una gestión indirecta, como la intervención en desprotección, por ejemplo. TITULARIDAD DEL DERECHO Volvemos otra vez a mencionar el peligro de la pérdida de la universalidad si establecemos como requisito de plazos de residencia previos. CATÁLOGO DE SERVICIOS Y PRESTACIONES GARANTIZADOS Entendiendo que el catálogo general será más amplio, tal y como se ha hablado en el taller del documento, sería muy importante hacer también aquí la distinción entre servicios, recursos y prestaciones del sistema y garantía de ingresos. Pedimos también que en el catálogo se valore la incorporación de equipos de apoyo a las personas, que serían equipos de intervención con familias en las que no hubiera menores o no se hubieran incluido en el EITAF, y dichos equipos serían para los tres grandes grupos: autonomía, convivencia e incorporación social. Su objetivo sería una intervención integral en el núcleo familiar o relacional, mediante apoyos con el fin de preservar a las personas en su entorno, favoreciendo su inclusión mediante apoyos técnicos concretos o intervenciones específicas de carácter ambulatorio. Todas las teorías sobre intervención comunitaria explicitan que, para que la misma se lleve a efecto con eficacia y eficiencia, requiere de equipos de intervención comunitaria, que tampoco aparecen en el catálogo, a pesar de la intencionalidad de la ley en prevención e intervención. En Autonomía personal consta como prestación garantizada la prestación económica de asistencia personal, si bien la petición de la ciudadanía afectada al respecto es la creación de un Servicio: Oficina de asistentes personales, y no de una prestación económica. La creación de este servicio acotaría más las condiciones en las que las personas que lo precisen serían atendidas. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Consta, igual que en la ley anterior, los equipos multidisciplinares, bien, a fecha actual no existen estos equipos en todos los ayuntamientos, y los que los tienen son mínimos, un/a trabajador/a social y un/a educador/a, sin especificar un poco más su contenido y sus ratios. No tenemos que insistir sobre la figura profesional de referencia, de la que ya hemos hablado con anterioridad. En cuanto al apoyo técnico a los centros de SSSS que van a prestar los equipos territoriales, proponemos que establezcan también la figura de la supervisión de casos como figura de apoyo a la intervención.   DISTRIBUCION COMPETENCIAL Estamos de acuerdo en potenciar el trabajo de intervención desde la base, fortaleciendo con equipos profesionales las UTS de forma que puedan intervenir en determinadas problemáticas, igual que ahora se hace con los casos de menores en riesgo por los EITAF, si bien, el segundo nivel de atención nos sigue pareciendo necesario en muchos casos. Tampoco nos ha quedado claro en el documento qué prestaciones públicas serán de gestión directa, algo que nos preocupa enormemente, porque entendemos que hay responsabilidades públicas que deberían ser de gestión directa siempre, como la intervención en riesgo y desamparo, y que ahora no lo son. Esperando que tengan en cuenta nuestra participación y agradeciendo la oportunidad de hacerla posible, quedamos a su disposición para ampliar la información que precisen en nuestras propuestas.

2019-04-09


Consejería de Servicios y Derechos Sociales

En respuesta a Multiprofesionalidad e interdisciplinariedad


Gracias por su aportación La complejidad de las situaciones que sea abordan desde los servicios sociales hacen necesario un enfoque multidisciplinar de los mismos. Ello hace referencia adiferentes disciplinas de conocimiento, todas ellas importantes para un abordaje integral. La centralidad de las profesiones tradicionales del sistema contempla la realidad de la incorporación de otras disciplinas a las que nos tenemos que dirigir en los mismos términos, como profesiones del ámbito delos servicios sociales. De igual manera, el sistema debe contemplar la incorporación de otros ámbitos, no sólo asistenciales, que nos ayudarán a desarrollar nuestro conocimiento y organización, tales como economistas, informáticos, expertos en gestión…

2019-03-28


Consejería de Servicios y Derechos Sociales

En respuesta a Ausencia de mención al comité de ética...


Gracias por su aportación La ética como principio de la intervención social,es un elemento trazador del Documento de Bases. A ella se hace referencia explícita en los principios rectores así como en el eje referido a la Garantía de Calidad. Este principio también impregna el conjunto del Eje referido al Enfoque, ya que al detallar marco conceptual, modelo de atención y claves procedimentales se quiere incidir en la materialización de ese principio. Ello refleja el interés en situar la ética de la intervención en el núcleo del sistema de servicios sociales. Por otro lado, el carácter sintético del documento ha llevado a no poder contener algunos de los elementos del mismo. Ciertamente, la futura ley deberá potenciar el desarrollo de comités de ética tanto para la intervención como para la investigación, como órganos de asesoramiento a la ciudadanía y profesionales.

2019-03-28

colectivonacai@gmail.com Empadronamiento

Buenos días Quiero hacer referencia al apartado del empadronamiento como requisito para el acceso a las ayudas de Servicios Sociales y resaltar la necesidad de que se demuestre la residencia en Asturias de otras formas puesto que las personas que viven en la calle, viviendas abandonadas, etc. no pueden acceder al empadronamiento y quedan fuera del sistema

2019-03-25

E08104942H AUSENCIA DE MENCIÓN AL COMITÉ DE ÉTICA DE INTERVENCIÓN SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

No concibo un cambio de la ley sin una mínima alusión al CEIS, que lleva ya unos años de andadura y es un órgano de asesoramiento y apoyo de la propia consejería.

2019-03-20

E08104942H MULTIPROFESIONALIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD

Servicios sociales no son sólo los trabajadores y trabajadoras sociales. Cuando asisto a jornadas como la pasada, siempre echo de menos sentirme incluida dentro del colectivo de los servicios sociales. Noto que es habitual compararnos con los servicios de salud y veo un trasfondo de complejo de inferioridad. Mi perfil profesional es sanitario, pero trabajo dentro de los servicios sociales, un perfil propio de la pretendida calificacion sociosanitaria de nuestros servicios. Cambiar la ley in extremis en cuanto al tiempo no me parece tan importante como clarificar que somos muchos los perfiles profesionales que habitamos en servicios sociales, y como bien dijo la Consejera, hay que aprender a trabajar de forma multiprofesional. La realidad es que parece que sólo hay profesionales del trabajo Social y Educadores. También estamos otros muchos perfiles como médicos, enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas, logopedas.....y queremos ir a un foro de nuestra consejería donde sentirnos incluidos.

2019-03-20

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