Consulta Pública Previa

  • Rango: Ley
  • Asunto: Anteproyecto de ley del Principado de Asturias de Ordenación del Territorio y Urbanismo
  • Consejería: Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
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Anteproyecto de ley del Principado de Asturias de Ordenación del Territorio y Urbanismo

Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

¿Qué se pretende solucionar?

* La consulta pública previa tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma, antes de la elaboración de una disposición normativa, es decir, antes de la elaboración del borrador. (Acuerdo de 25 de enero de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las directrices para la ordenación de la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias).

El texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, TROTUAS, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, responde a un modelo heredado de leyes, como la Ley del Suelo de 1956 y la Ley de Suelo y Ordenación Urbana de 1976, bajo un modelo expansionista de consumo de territorio altamente dependiente de la movilidad motorizada, entre otras disfunciones, y con las consecuencias directas y derivadas que ello tiene.

Han pasado 17 años desde su entrada en vigor, en los que hemos vivido una profunda crisis inmobiliaria, financiera y social sin precedentes. A ello hay que sumar la necesidad de una reformulación profunda de los contenidos de una legislación, más acorde al presente y mirando hacia el futuro, en el que la crisis climática debe estar muy presente, sin perder de foco el fin de mejorar la vida de las personas, a través de una eficiente
ordenación del territorio como valor.

En todo este tiempo, las prioridades, demandas y necesidades de la sociedad han cambiado. Por ello, es necesario abordar la revisión de las herramientas de que disponemos para intervenir en la planificación y ordenación del territorio, con el objetivo de ponerlo al servicio de nuevos modos igualitarios de relación, trabajo, habitabilidad y usos, bajo criterios de sostenibilidad en sus tres vertientes: ambiental, económica y social.

Bajo estos principios inspiradores se propone una reforma legal que vele por la transparencia, equidad, claridad, simplificación administrativa, agilidad, eficacia y aplicabilidad práctica. Todo ello con el objetivo de fortalecer y poner en valor nuestra singularidad territorial de área  metropolitana polinuclear, y la red de villas y aldeas que componen la Ciudad-Región, en una geografía muy diferente de este a oeste (las alas) y de norte a sur.
Una herramienta que facilite la adaptación de Asturias a un modelo territorial en red, propio del siglo XXI, que contribuya a revertir ciertas  tendencias preocupantes, como el cambio climático o el envejecimiento poblacional.

Una herramienta que genera riqueza y calidad en el ciclo vital completo, del conjunto de personas que habitan esta región, hacia quienes deben estar dirigidos todos los esfuerzos.

Necesidad y oportunidad de su aprobación

A la vista del tiempo transcurrido desde la aprobación del texto legislativo actualmente vigente, cuyo contenido data, sustancialmente de 2002, de los cambios producidos en le marco legislativo estatal (2007), de los marcos europeos e internacionales suscritos por nuestro país, y del cambio en el contexto económico, social y ambiental, se hace necesaria una adaptación de los procesos y mecanismos que contribuyan a los retos mencionados. La reforma de la legislación urbanística autonómica puede calificarse como necesaria, como por otro lado han destacado expertos de todas las procedencias en cuantos foros se han celebrado en los últimos años. Es, por tanto, en esta fase de la legislatura, posible y oportuno, iniciar el procedimiento de elaboración participativa de un texto legislativo.

Objetivos de la norma

Con la nueva legislación autonómica se pretende dotar a Asturias de una norma sobre la ordenación del territorio y el urbanismo que sintonice con los problemas actuales y que recoja toda la evolución que se ha producido desde comienzos del siglo XXI. Etapa esta, en la que se ha renovado la legislación urbanística de la inmensa mayoría de CCAA, y ha adquirido un grado mayor de madurez, frutos de una renovada y mejorada experiencia en la aplicación del urbanismo y la ordenación del territorio, que permite afrontar el presente reto con una mejor solvencia, técnica y jurídica. Por otra parte, deberán aprovecharse todas las oportunidades y herramientas que proporciona la legislación estatal, profundamente reformada en 2007 y 2013, que no pudieron tenerse en cuenta en el TROTUAS por ser anterior.

La nueva legislación ha de impulsar y favorecer cuestiones tales como:

  • La innovación territorial. Uno de los retos de conformar la ciudad y el territorio asturiano del siglo XXI, consiste en potenciar los territorios para generar actividad, lo que derivaría en riqueza y empleo. La innovación territorial es uno de los componentes clave para la evolución de
    Asturias. Es el pivote donde anclar una estrategia productiva integrada y coherente a través del área metropolitana, ciudades, villas y aldeas, reforzando el sistema en red, que permita equilibrar todo el territorio asturiano, potenciando las economías de escala en la Ciudad – Región. El territorio es uno de los principalesactivos para poner en valor umbrales de población en torno a la metrópoli policéntrica, que favorezcan una economía dinámica a través de los nudos de intercambio de transporte, industria 4.0, centros de negocios, especializaciones complementarias en la escala de ciudad y comarca, etc.
  • La optimización. La nueva disposición legal tendrá en cuenta el uso racional de los recursos, integrando la reutilización y el reciclaje del suelo como un principio básico del desarrollo urbanístico sostenible. La nueva ley deberá garantizar el derecho constitucional de una vivienda digna, así como favorecer la configuración de modelos de ocupación que eviten la dispersión en el territorio, favorezcan la cohesión social, consideren prioritarias la rehabilitación y la regeneración, frente a la extensión, y atiendan a la preservación y evolución de los usos en las áreas rurales. Todo ello con el objetivo de consolidar un modelo de territorio en el que aunar las necesidades de crecimiento, con la preservación de los recursos naturales y de los valores paisajísticos, arqueológicos, históricos y culturales, permitiendo con ello garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.
  • La cohesión territorial. El modelo territorial de Asturias es su hecho diferencial, lo que obliga a pensar y proyectar en la escala intermunicipal. Se pretende ampliar el punto de mira desde una visión holística que favorezca una mayor imbricación entre el entorno urbano y el rural, y potenciar la cadena de valor de ambos, retroalimentándose de manera bidireccional. Crear herramientas jurídicas que permitan preservar y acondicionar el territorio y nuestros entornos construidos, para que se comporte de manera más resiliente ante los cambios ambientales que
    conocemos, o están por llegar, mediante la aplicación de datos científicos sobre las consecuencias del cambio climático y tomar medidas que nos permitan mitigarlo y adaptarnos.
  • Una actualización. Los nuevos retos que supone el cambio climático, los programas que emanan de la Agenda 2030 y Agenda Urbana estatal, así como la implementación de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, los renovados postulados de la sostenibilidad sobre el urbanismo y la ordenación territorial, junto con la ya consolidada revolución tecnológica y digital, hacen ya de por sí obligada una actualización. Pero, es que, además, necesitamos disponer de un texto legal que esté adaptado, y sea coherente, con el marco legislativo estatal vigente, formado por el Texto Refundido de la Ley deSuelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (TRLS 2015), procedente de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. Ya desde hace bastantes años se produce un desajuste entre la legislación autonómica y el marco estatal. El TRLS 2015 vincula al Principado en virtud de las competencias estatales, lo que obliga a los intérpretes, a decidir sobre la compatibilidad entre los distintos preceptos del TROTUAS con el marco estatal.
  • La flexibilidad. Las estructuras flexibles resisten más y mejor que las rígidas. Necesitamos instrumentos legales resilientes. Una ley que pueda seguir aplicándose durante un cierto tiempo, a pesar de los cambios y demandas, cada vez más rápido, que se producen en la sociedad. Ordenar el territorio y el urbanismo en base a indicadores preestablecidos y vivos, gracias a la aplicación de la tecnología sobre el territorio, por medio de la parametrización, es solo alguno de los posibles ejemplos que contribuirían a una mayor adaptación.

Junto a la actualización y adaptación al marco normativo estatal, queremos abordar problemas o necesidades detectadas en la aplicación de la norma actualmente vigente. Pretendemos una adaptación de la legislación urbanística a la realidad, evitando que aquélla sea un obstáculo para el interés general. Para ello, vemos necesario reducir en lo posible los tiempos de tramitación de los planes urbanísticos, simplificar su contenido o
regular instrumentos alternativos a las licencias, para dar seguridad jurídica a su previsión en los planes y ordenanzas municipales. Además, es  necesario facilitar las actuaciones y la actividad en el medio rural para permitir la implantación de los servicios necesarios que puedan contribuir a retener, e incluso atraer, población.

Rango de la norma

Ley

Soluciones alternativas

Las principales alternativas son las siguientes:

  • No introducir ningún cambio legislativo: esta opción no parece preferible por distintas razones. Se prolonga la aplicación de la actual  legislación urbanística autonómica, aprobada en circunstancias económicas totalmente diferentes (el contexto de la burbuja inmobiliaria) y que se ajustaba a un marco jurídico estatal (vinculante para las comunidades autónomas) que también ha cambiado. Además, mantener la legislación urbanística vigente supone renunciar a ejercer la competencia legislativa autonómica e impide utilizarla para intentar resolver los problemas que se han manifestado en su aplicación, como la excesiva duración de los procedimientos de aprobación de los planes urbanísticos y de otorgamiento de licencias o la paralización de numerosos proyectos e iniciativas que pueden ser necesarios para la reactivación económica en toda Asturias, también en el medio rural, que necesita instrumentos flexibles para dotarlo de los servicios e infraestructuras que permitan atraer o retener población.
  • Introducir reformas parciales en algunos preceptos de la legislación vigente: esta alternativa no es recomendable porque se producirían
    problemas de encaje de la nueva normativa, no se reducirían de manera significativa los costes de adaptación al cambio legislativo y, por otro lado, el tiempo transcurrido desde la aprobación de la legislación vigente (que se produjo en 2002) aconseja su sustitución por otra de nuevo cuño.
  • Sustituir el texto legislativo actual (TROTUAS) por varias Leyes que regulen por separado distintas materias, como la ordenación del territorio y el urbanismo. En este caso, se aprobaría una primera ley, que derogaría parcialmente el TROTUAS. Esta opción tampoco es recomendable porque incrementa la complejidad normativa, cuando lo que se busca es precisamente es la sencillez para minimizar los costes para los operadores jurídicos. La mayoría de las comunidades autónomas van en la línea de unificar su legislación de ordenación del territorio y urbanismo, por lo que no parece recomendable desandar este camino. Además, aunque siempre se pueden encontrar criterios de distinción entre varias de las materias incluidas en el actual TROTUAS (sobre todo, ordenación del territorio, por un lado, y urbanismo, por otro), son
    muchos más los puntos en común. Por otro lado, el ejemplo reciente de las Leyes 39/2015 y 40/2015 muestra que, cuando se separa en dos textos legales una regulación que hasta ese momento se encontraba unida, siempre surgen problemas de delimitación y dudas que generan inseguridad jurídica. Dada la dificultad que supone la aprobación de una Ley en esta materia, y que el tiempo de tramitación y esa dificultad no varía mucho en función de que sea una nueva Ley integral o una Ley que regule exclusivamente una parte de la materia, parece preferible acometer una reforma completa.

La insuficiencia de estas alternativas hace que resulte preferible la alternativa de aprobar un texto completo, de nueva planta.


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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA


DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNANZA PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y AGENDA 2030
PORTAL DE PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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Informe de la iniciativa

Anteproyecto de ley del Principado de Asturias de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Tipo

F. publicación

F. inicio de aportaciones

F. fin de aportaciones

Consejeria

Organismo

Consulta pública previa

2021-05-10

10/05/2021

09/07/2021

Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

Comentarios recibidos

GALVAREZ ALegaciones

1º) Se debería permitir el desarrollo de los núcleos rurales. Es una necesidad social, para permitir el crecimiento económico de los mismos, el asentamiento de población y evitar el despoblamiento de nuestros pueblos. Para ello se consideran fundamentales ciertos factores: - Evitar reglas generales de aplicación para todos los núcleos rurales desde un marco legislativo o reglamentario. - Evitar la imposición de superficies construidas máximas a viviendas u otros usos y dejarlos a manos de estudios individualizados a desarrollar con cada Plan General. - Evitar la imposición de regulaciones respecto a retranqueos de cierres o edificaciones, para cada núcleo rural deberían ser exigibles unas alineaciones y ordenanzas o, al menos, dejar la posibilidad de regularlos de este modo. Quizá más que un retranqueos exigible con carácter general, debería haber un ancho mínimo con carácter general (por ejemplo de 4 metros). - Evitar la imposición de parcelas mínimas, si lo que se persigue es obtener modelos más sostenibles y compactos, es un hecho fundamental - Favorecer los usos agrícolas y ganaderos tradicionales como USO PERMITIDO con carácter general en los núcleos rurales (aunque el planeamiento general lo pueda excluir en determinados núcleos o áreas), dentro de unos límites tolerables: ganadería extensiva, autoconsumo y agricultura, tanto extensiva como intensiva. - Favorecer la implantación de cualquier otro uso compatible con el residencial. Evitar la tendencia a considerar los núcleos rurales con un carácter “pintoresco” - Favorecer mayor libertad en las edificaciones a implantar, exigiendo que el planeamiento haga el esfuerzo de exigir la tipología tradicional solamente en aquellos lugares donde paisajística o culturalmente es exigible. - Flexibilizarse la creación de caminos interiores a los efectos de mejorar el tráfico y los núcleos compactos (frente al ensanchamiento irracional de muchos caminos). 2º) Se debería dotar de una mayor libertad en la definición y regulación de otros asentamientos de población: quintanas o viviendas dispersas son partes integrantes de la morfología territorial y paisajística de gran parte de Asturias. Allí donde existan debería permitir que el planeamiento general las regule como una categoría propia de suelo no urbanizarle, definiendo estos suelos al margen de otras categorías de suelo no urbanizable. 3º) En suelo no urbanizable (sea interés o especial protección), si lo que se persigue es la rehabilitación y favorecer el acceso a la vivienda, debería de permitirse el cambio de uso a vivienda en edificaciones existentes, así como la ampliación de estas hasta unas cifras asumibles y razonables. 4º) Considerar que las viviendas existentes en suelo no urbanizable tengan cabida como tal y, por ende, puedan ser rehabilitadas y ampliadas en unos límites razonables. 5º) Para controlar la excesiva burocratización de la administración (en particular de algunas) deberían de limitarse los aspectos concretos que deben observarse para la concesión de una licencia de obras: si deben ser meramente urbanísticos o deben abarcar otros aspectos concretos: especificando claramente el alcance de la intervención municipal/administrativa. 6º) Igualmente, para aligerar los procedimientos, deberían de eximirse de autorización previa más usos de los ahora contemplados, bien dejándolo en manos de un plan general o directamente en la ley. Quizá debería de plantearse dejar la autorización solamente en manos de determinados usos, de determinadas superficies construidas o en suelo de especial protección. 7º) Deberían de flexibilizarse los instrumentos de planeamiento general, fomentando procedimientos sencillos (sin obviar la participación pública y sectorial imprescindibles) para su aprobación y dotarles de una mayor flexibilización en la introducción de modificaciones o mejoras, buscando que sean instrumentos vivos y en constante actualización y no documentos obsoletos y que general inseguridad jurídica tanto para la administración como para los administrados. 8º) Para evitar la desaparición de cierto patrimonio (cabañas, hórreos, etc), aunque se precise de la concurrencia o modificación de determinados aspectos de la legislación en materia de patrimonio cultural, debería de permitirse un uso vinculado a la realidad actual. La rehabilitación de cabañas para uso de recreo y habitacional sin suponer uso vivienda ni residencial y preservando su fisionomía es una demanda social y necesaria, que puede ser íntegramente compatible con la protección del medio ambiente. 9º) Flexibilizar la implantación de usos que no deterioren el medio ambiente en determinados suelos no urbanizables (uso hostelero, pequeña industria de transformación, etc). 10º) Creación de una policía urbanística o que el Principado gestione directamente los expedientes de disciplina urbanística más graves de los municipios más pequeños, al efecto de evitar situaciones conflictivas y violentas entre administración-ciudadano donde todos son al final vecinos y/o conocidos.

2021-07-09

ASAJA Asturias ASAJA Asturias

Con independencia de las observaciones que podamos realizar una vez que se conozca el texto del Anteproyecto de Ley, queremos señalar las siguientes consideraciones: Necesitamos una Ley armónica, que reduzca los trámites burocráticos para la obtención de licencias, que otorgue mas autonomía a los ayuntamientos, que permita el desarrollo de las explotaciones agrícolas y ganaderas que hoy en día se ve lastrado por la limitación de la edificabilidad en las parcelas. Una Ley que regule de forma clara y concisa los procedimientos de tramitación, que agilice los informes necesarios para la puesta en marcha de una actividad, especialmente los informes ambientales que pueden tardar años. La instalación en las zonas rurales de otras actividades puede resultar necesario para paliar los efectos de la despoblación, pero siempre que sean compatibles con el normal desarrollo de la actividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas presentes en esas zonas.

2021-07-09

teresa.mallada@jgpa.es SUGERENCIAS EN CONSULTA PÚBLICA PREVIA

A LA CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS MARIA TERESA MALLADA DE CASTRO, con DNI nº 11.0769.765S, en su condición de Presidenta del Partido Popular de Asturias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, C/ Manuel Pedregal, nº 11, primero, en la indicada representación y mediante el presente escrito, EXPONE Que abierto el plazo de Consulta Pública Previa al Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Ordenación del Territorio y Urbanismo, quiero hacer constar en este trámite, y con independencia de las alegaciones que se puedan presentar en ulteriores trámites, las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERA. Estimamos necesario que la nueva ley contemple, por un lado, unos criterios de Ordenación del Territorio acordes con los criterios de un desarrollo regional armónico y sostenible para toda la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Igualmente es necesario que el Urbanismo se planteé de una forma ágil, flexible, y mucho menos burocrática. SEGUNDA. En materia de Instrumentos de Ordenación del Territorio y Urbanismo, es necesario que la Ley establezca unos procedimientos de tramitación más ágiles, con menor complejidad, que cuenten con una mayor coordinación administrativa, y que conlleven una reducción significativa de la carga burocrática. Son muchos los casos en que la dificultad en la tramitación de un procedimiento urbanístico lastra planes de desarrollo de una zona o territorio, algo que hay que tratar de evitar que vuelva a ocurrir con esta Ley. Así, resulta necesario aclarar adecuadamente los procedimientos de tramitación de los diferentes instrumentos urbanísticos. Igualmente hay que clarificar que informes sectoriales resultan necesarios para cada instrumento urbanístico y el órgano competente para la emisión del informe. En este apartado, cobran especial trascendencia los tramites ambiéntales, por su especial complejidad y tardanza en su emisión. También resulta conveniente establecer un órgano de coordinación administrativa ante informes sectoriales contradictorios. En definitiva, debe definirse con todo detalle todo el procedimiento de tramitación, la documentación necesaria, los plazos de tramitación y resolución y los órganos competentes para cada uno de esos trámites, y es muy importante que esos aspectos vengan ya contemplados en la ley y no se dejen para futuros desarrollos reglamentarios, que pueden demorarse en el tiempo. TERCERA. En materia de Régimen Urbanístico del Suelo, resulta necesario proceder a una revisión de los suelos urbanos, a efectos de facilitar el desarrollo de actuaciones de renovación en el medio urbano, facilitando y simplificando su tramitación. Cobra especial relevancia la necesidad de facilitar, mediante la puesta en marcha de procedimientos ágiles y sencillos, el desarrollo del suelo urbano no consolidado, toda vez que el desarrollo de este suelo es clave tanto para la expansión de las áreas urbanas para acoger a nuevos residentes, como para que esa área urbana pueda desarrollarse industrial y económicamente. En lo que respecta al medio rural, resulta imprescindible proceder a una revisión de la figura del Núcleo Rural, dotándola de una mayor flexibilidad, tanto en lo que se refiere a la edificabilidad, a la regulación de los cierres o las parcelaciones urbanísticas, como a facilitar la implantación en ese núcleo rural de la industria agroalimentaria, algo imprescindible para evitar el declive del mundo rural. En este sentido, también resulta necesario proceder a una revisión de los suelos no urbanizables distintos al núcleo rural, facilitando la puesta en marcha de explotaciones agrícolas o ganaderas o su ampliación, de industrias agroalimentarias y permitiendo unos usos turísticos sostenibles en estos suelos que sean compatibles con dichas explotaciones, así como facilitando la posibilidad de alteración o cambio de los usos de estos suelos, en materia de cultivos, de pastizales o de explotaciones forestales. En Oviedo a 9 de julio de 2021 Fdo. Mª Teresa Mallada de Castro Presidenta Partido Popular de Asturias.

2021-07-09

a.pereda@capitalenergy.com LOITA. ALEGACIONES EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA ASTURIAS.

A LA CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Consulta Pública Previa. Anteproyecto de ley del Principado de Asturias de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Que, estando abierto el período de consulta pública previa (10/05/2021- 09/07/2021) del Anteproyecto de ley del Principado de Asturias de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a medio del presente viene en formular las siguientes ALEGACIONES. PRIMERA.- Como es conocido, las fuentes renovables de energía –eólica, solar, hidroeléctrica, oceánica, geotermal, de la biomasa, y de los biocarburantes- constituyen alternativas a los combustibles fósiles que contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, diversificar el suministro energético y disminuir la dependencia respecto de los mercados de combustibles fósiles. El artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dispone que la política energética de la Unión tiene por objetivo fomentar el desarrollo de energías nuevas y renovables para una mayor armonización e integración de los objetivos en materia de cambio climático con relación a la nueva configuración del mercado. Es por ello que las Directivas europeas han venido marcando objetivos a los estados miembros para la extensión de la energía procedente de fuentes renovables (Directiva (UE) 2018/2001 y Directiva 2009/28/CE, por la que se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE). El 30 de noviembre de 2016, la Comisión presentó, en el marco más amplio de la estrategia de la Unión de la Energía [COM(2015)0080], el paquete legislativo titulado «Energía limpia para todos los europeos» [COM/2016)0860], el cual incluye una propuesta de versión refundida de la Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables [Directiva(UE) 2018/2001] con la que se pretende hacer de la Unión un líder mundial en este ámbito y garantizar que alcance en 2030 el objetivo de que al menos un 27% de la cantidad total de energía consumida provenga de fuentes renovables. Esta propuesta de una nueva directiva por parte de la Comisión fomenta asimismo el uso la de energía procedente de fuentes renovables y pretende surtir efecto en seis ámbitos de actuación distintos: • Incrementar la implantación de las energías renovables en el sector eléctrico; • Integrar las energías renovables en el sector de la calefacción y la refrigeración; • Descarbonizar y diversificar el sector del transporte (con un objetivo de energías renovables para 2030 de como mínimo un 14 % del consumo energético total en el transporte); • Capacitar e informar a los clientes; • Reforzar los criterios de sostenibilidad de la Unión en lo referente a la bioenergía, y • Asegurar que se logra el objetivo vinculante a escala de la Unión de manera rentable y oportuna. SEGUNDA.- La legislación estatal, como señala el Preámbulo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, “se ha tenido que adaptar a los cambios fundamentales en el sector eléctrico que han provocado la continua actuación del legislador y motivan la necesidad de dotar al sistema eléctrico de un nuevo marco normativo. Entre ellos conviene destacar el alto nivel de inversión en redes de transporte y distribución, la elevada penetración de las tecnologías de generación eléctrica renovables (…)”. En materia de energías renovables, junto con las competencias estatales confluye la competencia autonómica, establecida en el artículo 11.6 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Además, el artículo 10.1.32 del Estatuto de Autonomía de Asturias, en relación con el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, atribuye a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias la competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, distribución y transporte de cualesquiera energías y fluidos energéticos cuando su transporte no salga de Asturias o su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma. Y, en desarrollo de tales previsiones, el Decreto 43/2008, de 15 de mayo, establece el procedimiento a seguir para la autorización de parques eólicos por el Principado de Asturias. TERCERA.- Con la nueva legislación autonómica del suelo se pretende dotar a Asturias de una norma sobre la ordenación del territorio y el urbanismo que se adapte a los problemas y necesidades actuales, como ya lo han hecho la mayoría de las Comunidades Autónomas. No obstante, con la redacción del anteproyecto sometido a consulta se mantienen las trabas urbanísticas existentes en este concreto sector, a la hora de implementar las energías renovables en el ámbito del Principado de Asturias. Por ello, entendemos que debe valorarse la introducción de figuras, que ya se prevén en otras Comunidades Autónomas, dirigidas a tales fines: 1.- En Castilla La Mancha, los Proyectos de Singular Interés se encuentran regulados en los artículos 19 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y artículos 13 y siguientes Decreto 248/2004, de 14-09-2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. El artículo 19 del Decreto Legislativo 1/2010, alude a los Proyectos de Singular Interés en los siguientes términos: “1. Los Proyectos de Singular Interés tienen por objeto actuaciones de relevante interés social o económico, ordenándolas y diseñándolas, con carácter básico y para su inmediata ejecución, pudiendo comprender terrenos situados en uno o varios términos municipales y desarrollarse en cualquier clase de suelo. Su aprobación definitiva determinará, en su caso, la clasificación y la calificación urbanística de los terrenos a que afecten, conforme a los destinos para éstos en ellos previstos, debiendo adaptarse el planeamiento municipal a dichas innovaciones, mediante su modificación o revisión, según proceda. 2. Los Proyectos de Singular Interés tienen cualquiera de los objetos siguientes: a) Infraestructuras de cualquier tipo, comprendiendo las construcciones e instalaciones complementarias precisas o adecuadas a su más completa y eficaz gestión o explotación, destinadas a las comunicaciones terrestres y aéreas; las telecomunicaciones; la ejecución de planes y obras hidrológicos; la producción, la transformación, el almacenamiento y la distribución de gas; y la recogida, el almacenamiento, la conducción o el transporte, el tratamiento o el saneamiento, la depuración y la nueva utilización de aguas o de toda clase de residuos, incluidos los urbanos y los industriales. b) Obras, construcciones o instalaciones, incluida la urbanización complementaria que precisen, que sirvan de soporte o sean precisas para la ejecución de la política o programación regional en materia de viviendas sujetas a protección pública, así como de dotaciones, equipamientos o establecimientos educativos, de ocio, salud, bienestar social, deporte o, en general, destinados a la provisión directa a los ciudadanos de bienes o prestaciones de naturaleza análoga. c) Instalaciones para el desarrollo de actividades industriales y terciarias, que tengan por objeto la producción, la distribución o la comercialización de bienes y servicios, incluida la urbanización complementaria que precisen, que no tengan previsión y acomodo en el planeamiento vigente. d) Obras o servicios públicos y actuaciones conjuntas, concertadas o convenidas entre las Administraciones Públicas o precisas, en todo caso, para el cumplimiento de tareas comunes o de competencias concurrentes, compartidas o complementarias. 3. Los Proyectos de Singular Interés deberán asegurar en todos los casos el adecuado funcionamiento de las obras e instalaciones que constituyan su objeto, mediante la realización de cuantas otras sean precisas tanto para la eficaz conexión de aquellas a las redes generales correspondientes, como para la conservación, como mínimo, de la funcionalidad de las infraestructuras y los servicios ya existentes”. Al amparo de la normativa anterior de dicha Comunidad Autónoma, Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (Vigente hasta el 08 de Febrero de 2005), cuyos artículos 19 y siguientes ya incluían las previsiones relativas a los Proyectos de Singular Interés, fue aprobado definitivamente el 4 de abril de 2020, el PSI “Implantación de Parque Eólico en Pozo Cañada”, Albacete, (DOCM, nº 43, de 5 de mayo de 2000). 2.- Como ejemplo de fórmula directa y cercana tendríamos el caso de Cantabria, que en la Ley 7/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en su Articulo 6.2 dice “2. Las instalaciones de un parque eólico tendrán la consideración de actuaciones de interés público a los efectos de lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria”, desarrollando estos artículos 112 y 113 en la Ley de Suelo sobre los regímenes del suelo rústico, permiten ser autorizadas con carácter excepcional las construcciones/instalaciones consideradas de “interés público o social”. Ello requeriría, en Asturias, de la modificación de Decreto 43/2008 para incluir esta consideración de “interés público” para los parques eólicos. Asimismo esta Ley de Suelo en Cantabria, recoge otras excepciones para los suelos rústicos, y en su Artículo 112.2 e) establece : “Aquellas en las que se lleven a cabo usos que fuera imprescindible ubicar en suelo rústico, bien por ser ése su normal ámbito de desarrollo, bien por ser inadecuado para ello el suelo urbano”. 3.- La Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León contempla en su artículo 25 la “autorización de uso excepcional en suelo rústico”, desarrollada en su Reglamento (artículos 57 y 58 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León). El citado artículo 57 del Reglamento establece “pueden autorizarse los siguientes usos excepcionales, atendiendo a su interés público a su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos y a su compatibilidad con los valores protegidos por la legislación sectorial:….c) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como tales: … 2.º La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía. … g) Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público: … 2.º Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa de sus específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.” Se reconoce así este “interés público” de la instalación por su propia finalidad y por la importancia que para el desarrollo y estrategia del sector eléctrico tiene reconocido en la Ley 24/2013 mediante la utilidad pública. CUARTA.- Es preciso, en consecuencia, actualizar y establecer figuras urbanísticas diferentes a las que la legislación aún vigente contempla, que permitan facilitar la implantación de las energías renovables, en este caso, mediante la instalación de parques eólicos. Por ejemplo, la referencia en la actual norma urbanística asturiana a “reservas de suelo para actuaciones de interés regional” que se contiene en el artículo 215,1 TROTUA, en el Título VI, Intervención pública en el mercado del suelo, Capítulo Primero, Patrimonios Públicos de suelo, dispone que: “El Principado de Asturias deberá constituir, mantener y gestionar su propio patrimonio de suelo, con la finalidad de facilitar la ejecución de los instrumentos de ordenación del territorio, obtener reservas de suelo para actuaciones de interés regional y contribuir a la consecución de los fines de los demás patrimonios públicos de suelo”. En este precepto se prevé el empleo de los suelos a tales fines previa incorporación de los terrenos al patrimonio público del suelo de la Comunidad Autónoma de la forma que se establece en el artículo 216.1, b) de la norma “obtenidos por cesiones y expropiaciones urbanísticas, ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, derecho de readquisición preferente y, en general, por la ejecución del planeamiento urbanístico o de los instrumentos de ordenación del territorio y disciplina urbanística, incluido siempre el aprovechamiento urbanístico que exceda del que corresponda a los propietarios de suelo urbano y urbanizable”. Y, en fin, el artículo 217 TROTUAS prevé el destino que ha de darse a los bienes y derechos económicos integrantes de los patrimonios públicos de suelo. Necesariamente deberán destinarse a lo que al respecto esté previsto en los instrumentos de ordenación urbanística, en atención a los fines de interés social que se enumeran a continuación: a) Conservación, gestión o ampliación del propio patrimonio, en el caso de los municipales, o de cualesquiera de los patrimonios públicos de suelo, en el caso del perteneciente al Principado de Asturias. b) Construcción de viviendas acogidas a algún régimen de protección pública, incluido el régimen de protección autonómica. c) Ejecución de dotaciones urbanísticas públicas, incluidos los sistemas generales y locales. Las Directrices de Ordenación Territorial de Asturias, concretamente, la Directriz 6ª, establece los CRITERIOS PARA LA IMPLANTACION DE AREAS INDUSTRIALES Y DE SERVICIO “d) Recursos urbanísticos extraordinarios para la intervención concertada y de carácter urgente: Los programas industriales de aplicación regional y aquellas actuaciones aisladas de trascendencia general e interés regional para una iniciativa de implantación industrial que no tenga cabida en el suelo industrial existente o en desarrollo a través del planeamiento municipal vigente, se encauzarán a través de Reservas Regionales de Suelo, Actuaciones Urbanísticas Concertadas y Espacios de Gestión Integrada, así declarados por el Consejo de Gobierno (arts. 19, 20, 73 y 74), en su caso también en Reservas Industriales de Interés Regional en terrenos próximos a la costa (art. 110), y en el supuesto de extraordinaria urgencia, importancia y singularidad de la nueva implantación, incluso mediante una ley autonómica ad-hoc que contemple las circunstancias concretas de dicha implantación”. Las Reservas Regionales del Suelo que rigen los artículos 223 y siguientes del TROTUA no resultan sin embargo de aplicación al no darse los presupuestos que dicha norma contiene. A estos efectos, y desde el punto de vista subjetivo, el apartado 4 de dicho precepto establece que sólo “podrá ser beneficiaria de la expropiación, conforme a lo señalado en el artículo 13, cualquier entidad pública o sociedad con capital exclusiva o mayoritariamente público (…)”. QUINTA.- Resulta igualmente necesaria una clarificación sobre el procedimiento aprobatorio de los planes especiales vinculados a parques eólicos, ya se trate de aquellos enclavados en términos municipales o que afecten a varios concejos. Sin duda deberían eliminarse las previsiones legislativas actuales que discriminan entre aquellos planes que desarrollen o no el planeamiento local, toda vez que las necesidades de parques eólicos vienen fijadas en normas de ordenación territorial vinculantes para el urbanismo municipal. Simplemente fijando que los planes especiales de iniciativa particular se deben someter a aprobación municipal serviría, siempre y cuando se incluyeran adicionalmente mandatos dirigidos al titular de la competencia local, que debería verse compelido por ley a tramitar aquellos planes especiales sobre los que no se pronuncie antes del vencimiento bimensual del plazo para ser aprobados por silencio, y llevar a cabo de oficio y en plazo mensual aquellas actuaciones administrativas dirigidas a la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento. Sobre esta última aprobación, se propone que la ley exija que se acuerde de conformidad estricta con la normativa ordenadora del territorio y urbanística, en los términos antes expresados, sin que quepan denegaciones fundadas en motivos de oportunidad o de naturaleza política o coyuntural. También, debiera incluirse en la ley una previsión específica sobre la fuerza vinculante de las normas de ordenación del territorio sobre los planes generales, toda vez que no es infrecuente que determinadas corporaciones hagan caso omiso de esta normativa, impidiendo la tramitación y aprobación de los planes. En fin, sería asimismo muy favorable para el desarrollo de esta nueva fuente energética que en los planes especiales que afectan a más de un concejo, al cuidado de la CUOTA, pudieran considerar los informes municipales como no vinculantes de cara a la sustanciación de estos expedientes, como quiera que en la actualidad se están paralizando sine die o archivando con la simple negativa de ciertos consistorios basada en criterios extraurbanísticos o de oportunidad, lo que compromete seriamente inversiones millonarias previstas para estos proyectos. En este sentido, proponemos que, de no aceptarse nuestra propuesta de que los informes municipales no sean vinculantes, sino meramente informativos, se estime al menos que la ley obligue a que estén necesariamente basados en criterios urbanísticos, y sean emitidos en el plazo improrrogable de quince días, no surtiendo ningún efecto aquellos informes emitidos tras esa fecha, que hoy sí se permiten incluir en el expediente en virtud de una norma reglamentaria contraria por cierto a lo previsto por la legislación general de procedimiento administrativo. En su virtud, SOLICITO QUE, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y en sus méritos tenga por formuladas las anteriores manifestaciones a find e que sean incorporadas a la consulta pública previa sobre el Anteproyecto de ley del Principado de Asturias de Ordenación del Territorio y Urbanismo. En Oviedo, a nueve de julio de dos mil veintiuno.

2021-07-09

coiastur@iies.es COMENTARIOS A LA CONSULTA PÚBLICA DESDE EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE ASTURIAS

Ante un documento nuevo, con los objetivos de Innovar, No malgastar el suelo, Cohesionar medio rural y Urbano, Actualizar y regenerar, Flexibilidad: Ley que acoja a lo que no existe. Y partiendo de que mas del 80% del territorio son actividades relacionadas con el medio rural, y somos una Profesión a tener fundamentalmente en cuenta en la obtención de dichos objetivos, realizamos desde el COIAA los siguientes comentarios. Ordenar el territorio significa a la larga regulaciones sobre el mismo. Para ello resulta fundamental el contar con los colectivos que conocen el medio rural, saben de sus necesidades, su problemática y debe dar respuesta para sus soluciones, siendo el ingeniero agrónomo el técnico ideal que reúne esas características. Somos técnicos competentes y conocedores en ordenación del territorio, las concentraciones parcelarias, los planes de desarrollo rural y planes de las zonas de agricultura de montaña …… son ordenaciones de grandes extensiones del territorio realizadas por Ingenieros Agrónomos, integrantes de todas las actividades del medio rural. Se debe redactar una normativa basada en posibilitar las actividades del medio rural en el umbral de la rentabilidad, y huir del Urbanismo Preventivo, que tanto daño ha provocado en las actividades del Medio Rural en los últimos años. Después de conversaciones con el sector de ordenación del territorio, se observa una previa declaración de intenciones muy positiva, pero se vuelve al tronco común de regulación de Asturias-Cantabria y País Vasco, que consideramos muy peligroso por limitante. Se debe insistir en la consideración de la utilidad pública en zona rural de las actividades agroalimentarias y otras que puedan fijar población (por ejemplo de ocio). Esto lleva a una flexibilidad de la norma con preferencia de la actividad del medio rural sobre la prevención de la edificación, teniendo en cuenta que son actividades especialmente reguladas en el entorno europeo, nacional y autonómico. Pongamos que un PGOU dice que el máximo de superficie por vaca es de 5 m2 a la hora de edificar y la normativa de Bienestar Animal que 10 m2 por vaca, seria imposible de ejecutar. La protección del terreno de cultivo sobre el urbano. Un ejemplo claro de disociación entre lo urbano y lo rural es el PGOU de Gijón que no permite la edificación en No Urbanizable con mas del 25% de pendiente, cuando este terreno es el agrario que se debe conservar y promover la edificación en terrenos pendientes como toda la vida se hizo en Asturias en los entornos rurales. Por lo tanto se considera fundamental que los Ingenieros Agrónomos estén presentes en el equipo redactor, en el equipo consultivo posterior y en las comisiones que regulen las actividades en el medio rural. Tanto como organización colegial y como técnicos especialistas en cada actividad del sector agrario. Nuestra experiencia nos dice el Rotundo Fracaso de la actual normativa en medio rural, con urbanismo preventivo y muchas veces represivo (Caso extremo de granjas de porcino y aves), sin tener en cuenta para la planificación del territorio, de la existencia de una férrea regulación sectorial que no existe en otros sectores. Es lo que lleva el legislar a capricho de los ideales, generalmente confusos del redactor y además sin una base técnica suficiente. Respecto lo sectores de actividad en los que somos competentes los Ingenieros Agrónomos: La industria alimentaria debe estar en el medio rural por: ● Salubridad: nunca pueden estar en polígonos industriales genéricos con contaminantes en el entorno. ● Cercanía: cercanía a los sistemas de producción. ● Fijación de la población rural: una pequeña quesería o chacinera en un pueblo en zona rural fija población, en la actualidad se obliga al polígono industrial de la capital del concejo. ● Obligado en las DOP: la protección de estas denominaciones de origen está para su ubicación en zona rural (En la actualidad se esta obligando a ir a un polígono industrial al no dejar ampliar, o no poder pedir nueva actividad, otros casos como Gamoneu del Puerto se está directamente prohibiendo). ● Dimensión: que sea capaz de cubrir las necesidades tecnicosanitarias de proceso, medioambientales y de viabilidad técnica. ● Imagen Rural: muy importante en la comercialización y venta, cada vez mas en la propia fábrica, a la gente le gusta comprar donde se produce (objetivos de las DOP). Respecto a la ganadería: ● Respecto a los conflictos en ordenación del territorio, la ganadería siempre fue primero y es la que da el paisaje a Asturias, utiliza recursos que prácticamente solo la ganadería puede utilizar (Pastizales). ● La ganadería necesita tener el tamaño mínimo de rentabilidad (Se tiene el ejemplo actual fuera de Asturias del Valle de los Pedroches, Vacuno de Leche entre 5.000 y 10.000 m2 construidos.) (En Asturias, en Llanuces, sierra del Aramo, cebadero de mas de 3.000 m2 que estaría fuera de la norma, autorizado por ser municipal). ● La limitación en PGOU a la longitud de módulos de naves de 30 m, cuando para 3.000 m2 de nave esta sería la anchura. Normativa realizada con el único fin de evitar supuestas “disonancias estéticas” de naves tipo gallinero, sin tener en cuenta que es cuestión de proporciones, manejo del ganado y rentabilidad. ● Agilidad en las licencias. Debiendo ser suficientea con proyectos de técnico competente, en donde se justifica la actividad y la tramitación de la misma, sin tramitaciones inútiles e interminables como estudios de implantación y similares, tan garantistas que impiden las actividades. ● No diferenciar extensivo e intensivo ya que el edificio no tiene nada que ver con esta clasificación. Respecto a horticultura y cultivos bajo plástico: ● En Holanda, que marca norma en Europa, la rentabilidad mínima lleva años en los 10.000 m2 de invernadero. ● Los invernaderos por muy complicados que sean no son construcciones de carácter permanente, siempre se pueden desmontar y la cimentación es fácilmente eliminable. ● No obligar, por lo tanto, a cumplir edificabilidades en un cultivo y siendo los únicos límites en edificabilidad los límites que disponga el Código Civil, de colocación a 3 m de lindes. ● Igual que en ganadería: No diferenciar extensivo e intensivo ya que el edificio no tiene nada que ver con esta clasificación. En habitual en los PGOU confundir manzano con extensivo cuando la fruticultura es siempre intensiva. Respecto a otras actividades del Medio Rural: Facilitar las actividades económicas distintas a Ganaderas, Agrícolas o Forestales, como deportivas y de ocio, que por su naturaleza deben estar en medio rural y especialmente facilitar la construcción de elementos auxiliares (nave, edificios deportivos, vestuarios y de restauración ). También se echa de menos planificación territorial de infraestructuras rurales, como un nuevo plan de electrificación rural que permita la instalación de industrias agropecuarias (o la subvención de este tipo de acometidas) ya que la obligación de instalar un Centros de Transformación puede ser limitante para la inversión en las instalaciones (también ocurre en lecherías). Fibra óptica etc. FIJAR POBLACIÓN EN MEDIO RURAL ES DEJAR QUE SE IMPLANTEN ACTIVIDADES SIN DIFICULTADES “URBANISTICAS” (Mayormente Falsas) Y TENENDO EN CUENTA QUE SON ACTIVIDADES YA REGULADAS POR TODAS LAS ADMINISTRACIONES. CONSIDERACIÓN COMO PROYECTOS DE UTILIDAD PÚBLICA DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE POBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL, EVITANDO LAS ACTUALES TRABAS URBANISTICAS QUE CARECEN DE SENTIDO.

2021-07-09

Pajarismo Urbano ACCIONES PARA LA RENATURALIZACIÓN DE ESPACIOS URBANOS

Desconozco hasta que punto la LOITA puede regular los aspectos que voy a desgranar, pero espero se pueda encontrar algún tipo de acomodo legal, son acciones muy sencillas pero que pueden contribuir decisivamente a reforzar el papel de los espacios urbanos como ecosistemas vivos y saludables: - Otro tipo de jardinería que limite el uso de especies alóctonas y que piense en las plantas como posible vía de alimentación y refugio para la fauna urbana. - Reserva de un porcentaje mínimo de suelo dentro de toda la trama urbana para que pueda desarrollarse al margen de la intervención humana, permitiendo el crecimiento y florecimiento de gramíneas, cardos, etc. Sustento de muchas especies de aves. - Creación de corredores verdes que unan las distintas zonas ajardinadas y parques de las ciudades entre sí y las conecten a su vez con la periferia y entorno natural de las ciudades. - Prohibición de podas de árboles urbanos durante la época de cría de las aves. - Generación de "zonas de sombra" y plantación de árboles de hoja caduca y autóctonos: son beneficiosos para la salud de la población, dando cuenta del paso de las estaciones y también atraen nuevas especies de aves a nuestros entornos urbanos. - Especial protección para todos los cauces fluviales que atraviesan las ciudades limitando en la medida de lo posible su canalización, prohibiendo su sepultamiento y fomentando que sus riberas se mantengan lo más libre posible de la acción humana. Pueden servir para reforzar los corredores verdes a los que me refería anteriormente. Muchas gracias en todo caso por su atención y trabajo.

2021-07-09

COAG-ASTURIAS COAG ASTURIAS REALIZA APORTACIONES

COAG ASTURIAS considera que la nueva norma debe tener en cuenta la simplificación de las trabas burocráticas a la hora de tramitar licencias urbanísticas que en la mayoría de los casos superan casi un año el tiempo de espera para su obtención. Asimismo, nos parece oportuno contar con Ingenieros Técnicos Agrícolas, Ingenieros Agrónomos y forestales a la hora de abordar cualquier cambio en la normativa urbanística que afecte al suelo rústico. Sería importante mantener la calificación de suelos rústicos en las zonas rurales con el fin de promover la actividad agrícola y ganadera que supone la actividad fundamental en las citadas zonas. Nos encontramos en la actualidad con que fincas destinadas a actividad agrícola y ganadera son calificadas como Suelo Urbanizable con los perjuicios que ellos conlleva (pago de IBI, Impuesto de Sucesiones y Donaciones y de Transmisiones Patrimoniales). Quizás podría mantenerse la calificación de rústico de esos terrenos mientras se acredite el mantenimiento de esas actividades.

2021-07-09

ruralitas Parque de alquiler de vivienda

En el medio rural existen muy pocas opciones para alquilar vivienda, circunstancia que dificulta el asentamiento de familias jóvenes, que están empezando la vida. Quizás la ley podría articular algún mecanismo para propiciar la creación de un parque de vivienda de alquiler en colaboración con los ayuntamientos, hay demasiadas casas cerradas. Salvo contadas excepciones, también existe esta misma dificultad a la hora de alquilar un espacio/nave/local para iniciar o escalar un proyecto de emprendimiento en el medio rural.

2021-07-09

egmorilla@gmail.com Colegio oficial Ing. Técnicos Agrícolas

- Sería del mayor interés que los equipos redactores de las normas urbanísticas de los distintos Ayuntamientos, sobre todo los preponderantemente rurales, que podrían ser todos en Asturias, incorporasen, inexcusablemente, ingenieros agrónomos o ingenieros técnicos agrícolas, para que se tengan en cuenta las necesidades relacionadas la actividad agrícola y pecuaria y el desarrollo rural en general a la hora de definir las diferentes tipologías de suelo, sus usos y determinar las exigencias en relación con los mismos. - Sería necesario que se eliminen o revisen muchos de los condicionamientos que actualmente se aplican en los suelos no urbanizables para el desarrollo de proyectos o actividades agrícolas o ganaderas, que suponen un injustificado lastre para el desarrollo rural. -

2021-07-08

Esther Despoblación y legislación

Los Planes Generales de Ordenación de algunos municipios rurales, redactados a principios de este siglo, han sido en la mayoría de los casos, un lastre, ya que más que facilitar la construcción y el crecimiento de la población, han conseguido que los propios vecinos tengan que fijar su residencia en otros municipios urbanos. En concreto en Las Regueras, un concejo próximo a Oviedo, es más fácil comprar un piso en San Claudio o en Llanera que edificar en una finca familiar. Hay familias con 10 hectáreas de terreno, que no tienen ni un solar que permita edificar. Unas fincas son de especial protección, otras de interés arqueológico, y otras, las más propicias a construir una vivienda, por estar en los núcleos más poblados, están integradas en Unidades de Gestión. Estamos entonces copiando un modelo urbano y pidiendo a la vez, que se conserve la esencia de los pueblos. En 2003 cuando se redactaron esos planes, el futuro pasaba por crear "pueblos dormitorio" en los concejos cercanos a las grandes urbes. La burbuja estalló y las leyes quedaron obsoletas. Nadie piensa ahora en construir pisos en una hectárea de terreno, porque en su día alguien creyó que con ello se fomentaría la llegada de nuevos pobladores. Esa hectárea se ha quedado sin poder segregar en parcelas y sin poder construir viviendas unifamiliares, que es lo que realmente demandan los vecinos. No se puede pensar en nuevos pobladores, obviando a los hijos o nietos de los dueños de las fincas. Si hablamos de relevo generacional en el campo, además de la ganadería y la agricultura, necesitan su propia independencia y están abocados a abandonar el sector porque es un contrasentido, tener que venir a trabajar el campo, desde su piso de 80 metros cuadrados en las afueras de Oviedo. Son también una rémora los trámites exigidos para cambiar una ventana, si estás cerca de un río, del Camino de Santiago o de otro lugar protegido. Deberíamos democratizar la burocracia. No son accesibles los trámites, para las personas que viven en el medio rural. Hay una doble brecha de territorio; la edad, y la lejanía a los servicios. También se debería tener en cuenta, a los propietarios afectados porque sus fincas, forman parte de la reserva de terreno para polígonos industriales, los cuales ni se nan desarrollado ni parece que se vaya a desarrollar. Es importante ,cambiar la tradicional política de arriba hacia abajo que parte de rasgos comunes a todo el territorio, para reconocer la especificidad de cada lugar, y que se tomen en cuenta las necesidades de los actores de cada zona de aplicación. Un proceso vertical , desde abajo hacia arriba es lo que sería deseable y lo que debería ser la base de este nuevo plan de gestión.

2021-07-08

asmadera@asmadera.com Proposiciones de ASMADERA (Asociación Asturiana de Empresarios Forestales, de la Madera y el Mueble)

PRIMERO. - En relación al artículo 228. Licencia Urbanística. Intervención en la edificación y el uso del suelo y del subsuelo. Eliminar donde se recoge el sometimiento a Licencia urbanística la tala masiva de arbolado. No es razonable someter una cosecha de plantación de árboles considerada a nivel de la Unión Europea como actividad agroforestal (sector primario) a este tipo de licencias, más cuando hay un órgano con competencia exclusiva en materia forestal que es el Servicio de Montes con autorización previa. Además, supone un abuso en la interpretación por parte de la administración local, ya que la falta de definición del concepto “tala masiva” es aplicado a todas las talas independientemente de su volumen. Las superficies inferiores a 10 hectáreas deberían estar exentas desde un punto de vista técnico, como actividad primaria agroforestal, que se desarrolla en un suelo no urbano y sobre un modelo de propiedad intensamente minifundista, del sometimiento a normativa urbanística, siendo suficiente la autorización del órgano competente de tala de arbolado en el Principado. Armonizar y homogeneizar con el borrador de anteproyecto de Ley de medidas administrativas urgentes donde se recoge este sentido. SEGUNDO. - Que se contemple la Declaración responsable para la tala de árboles que constituyan masas arbóreas en superficies mayores de diez hectáreas constituyendo ésta misma, la definición de la tala masiva de arbolado establecida en el artículo 228, por debajo exentas de obtener licencia urbanística siendo suficiente la autorización del órgano competente del Principado de Asturias. TERCERO. - Se debe tener en cuenta también que las obras de apertura de caminos y accesos a parcelas en suelo no urbanizable, no son obras y deben estar expresamente exentas de licencia urbanística cuando se trata de una limpieza de caminos para acceso a parcelas, ya existentes. Es muy habitual en la actividad forestal encontrar caminos que por la falta de uso han quedado cerrados y que para las labores de saca de madera conlleve la limpieza del camino existente que podría confundirse con una apertura. Por ello es muy importante diferenciar las limpiezas de caminos existentes de las obras de nueva construcción. Por todo lo expuesto, solicitamos que puedan ser tenidas en consideración estas aportaciones y puedan ser incorporadas en la propuesta de borrador del anteproyecto de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias.

2021-07-07

AGENTE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO RURAL

En la parte de la Ley que afecte a los terrenos en zonas rurales, habría que considerar varios aspectos de vital importancia. 1- Si queremos un medio rural productivo (en el sector primario), antes de nada hay que realizar una apuesta decidida por la clarificación y agrupación de la propiedad. No se puede pretender afrontar el problema del despoblamiento rural, si no se puede poner a disposición de emprendedores el terreno necesario para llevar a cabo un proyecto, en otros casos sería la agrupación del terreno propio o adquirido (mediante CONCENTRACIONES PARCELARIAS). 2- Es necesario un análisis de los usos potenciales y óptimos de los terrenos del medio rural. Y regular esos usos, para que no se infrautilice el potencial, no pueden plantarse eucaliptos en zonas de potencial agrario en vegas de rios (por ejemplo). 3- En el ámbito forestal, recuperar y elaborar los Planes Comarcales, con ellos se puede llevar a cabo una ordenación a gran escala de estos espacios. 4- En los núcleos rurales, existe cada vez más, la necesidad de liberar de combustible (incendios) que los rodea. En muchos casos por el abandono de la acitvidad y la ausencia de vecinos que pueden mantener la actividad. En otros casos, como ocurre en la zona costera y baja montaña, lo es por las plantaciones de especies forestales que se realizan a las puertas de las viviendas. Aunque existe normativa al respecto, parece que esta no se cumple (normativa de quemas) 5-Adaptación del PORNA a los tiempos que corren, incluyendo todas las figuras de protección, tanto a nivel local, nacional y Europeo. y dotándolas de una marco jurídico común, con una nueva Ley de espacios protegidos. 6- Preservar a los espacios anteriores y todos aquellos que sean merecedoras de un interés especial, de los proyectos energéticos (centrales eólicas y solares), que solo van al calor de los tiempos y del dinero, pero no del futuro del territorio.

2021-07-06

alvarfer10@hotmail.com Núcleos Rurales afectados por el PESC

Por qué no se contempla que los descendientes de un territorio rural, puedan construir un vivienda unifamiliar, aunque sea de baja volumetría, cuando se han construido verdaderas aberraciones en la costa? Terrenos sometidos al PESC sin posibilidad de construir ni una cabaña de aperos al lado de urbanizaciones que siguen construyendo al borde de los acantilados (véase Urbanización Pueblo Marinero en Xivares, Carreño BOPA Nº 20 del lunes 26 de enero de 2004). Por qué no se flexibiliza y estudian los casos con detalle. Por qué no se contempla la denominación de núcleo rural disperso para que la gente no se tenga que marchar de sus tierras? Y es que esta última categoría de suelo de núcleo rural, se contempla para aquellos suelos no urbanizables que cuenten con determinados servicios propios de malla urbana, reconociéndose algunas posibilidades edificatorias. ¿ Por qué para los promotores es todo tan fácil? ¿Cómo es posible que se pueda construir hacia el mar si soy un promotor inmobiliario y no se pueda construir una pequeña casa estando más alejado de línea de costa. ¿ Por qué se respeta tanto la especulación?

2021-07-06

correoganagri@gmail.com consideraciones de GANAGRI (ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES al anteproyecto LOITA

Alegaciones de GANAGRI Asociación de ganaderos y agricultores Anteproyecto de ley del Principado de Asturias de Ordenación del Territorio y Urbanismo La mayor parte del territorio es gestionado por los ganaderos y agricultores que transforman el paisaje de un territorio y también interviene en todo el ecosistema generado con su actividad. Desde nuestra experiencia el mayor lastre que cuenta en la actualidad el ganadero para dar un impulso a su actividad es el urbanismo y las licencias urbanísticas. Por desgracia se tienen en consideración aspectos medioambientales, culturares, arqueológicos, pero nunca se tiene en cuenta el impacto de las actividades urbanísticas en el sector primario tanto agrícola como ganadero. Desde el punto de vista de las licencias urbanísticas vemos como cada ayuntamiento se inventa unas limitaciones artificiales hacia la actividad rayando en lo IMPOSIBLE como por ejemplo distancias de las naves de cualquier edificación, pero también en superficie de la parcela, alturas, edificabilidad, retranqueos etc. Estas normas que son fundamentales para la construcción de viviendas vemos cómo se aplican erróneamente en muchos PGO debido al desconocimiento por parte de los redactores de las necesidades de la actividad primaria. Por todo ello pedimos que en esta ley se priorice el sector primario al ser esencial fija población, mantiene el paisaje rural, suministra alimentos sanos a precios populares…. en fin, somos la base. Eso si en forma de pirámide invertida somos muy pocos el resto de sectores se sostiene en nuestra frágil vértice aun así nos quieren desestabilizar urbanistas, animalistas etc . La clase política y la sociedad crea normas para su mundo urbano no para la realidad rural. No puede ser que en un municipio la altura o longitud de una nave sea de un máximo de tantos metros las naves son las mismas y las necesidades iguales al menos en toda la cornisa cantábrica. En el sector primario debe existir unas condiciones edificatorias iguales para toda la cornisa. En los suelos agrarios esta licencia urbanística debería supeditarse al igual que ocurre hoy día con red natura, cultura, arqueología a un informe realizado por técnicos agrarios de la administración si cumplen los preceptos que esta ley en el que se cuantifican las características tipo de las naves ganaderas para todo el territorio del Principado de Asturias. Los PGO no tendrían potestades para imponer normas constructivas en terrenos de naturaleza agraria y ganadera. Es necesario invalidar la potestad de las administraciones locales en fijar condiciones artificiales que limitan la actividad primaria. De esta forma se potenciarían los territorios para generar actividad y garantizar la cohesión territorial en todo el territorio asturiano. Se generaría agilidad en el trámite de las licencias urbanísticas de las naves ganaderas que, en muchas ocasiones requieren un proceso de más de dos años al no encajar la actividad a desarrollar en ese suelo por el PGO y se le somete a un estudio de implantación y a una evaluación ambiental. Esta forma de proceder no tiene sentido para las escasas dimensiones que suelen tener estos proyectos. El ayuntamiento de turno tiene la obligación de conceder la licencia en un plazo máximo de tres meses como plazo máximo para conceder la licencia de obra. Sería también extrapolable a la construcción de, invernaderos, almacenes agrarios, pequeña industria agroalimentaria, infraestructuras agrarias etc. Es necesario que la administración se ponga de cara de una vez y ponga soluciones a este sinsentido de normas urbanas llevadas a la actividad primaria y rural. En fin, pedimos encarecidamente que la administración autonómica sea capaz de sacar una ley que nos proteja sobre lo urbano GANAGRI

2021-06-21

asturias33@hotmail.com Flexibilidad en la creación de núcleos rurales

Esta muy bien legislar y desarrollar planes que permitan la fijación de la población en toda Asturias. De todos modos parece que tal y como está ahora se limita mucho este asunto en zonas con Planes Urbanos desarrollados en épocas que no tienen nada que ver con la actual realidad. Por otro lado la redacción de planes urbanos debería ser una tarea más ágil y dinámica. Tener concejos con planes urbanos redactados hace más de 10/15 años no tiene sentido, más aún cuando la realidad no tiene nada que ver con la época del boom de la construcción, en la cual se pretendía limitar excesos. Tras la pandemia, donde la población lo paso tan mal, debería fomentarse más la vivienda unifamiliar, Presentar el campo de manera atractiva a los jóvenes así como permitir la construcción de vivienda a hijos de propietarios de terrenos, aún en lugares que no sean edificables ayudaría a fijar población. Evidentemente, al objeto de evitar la especulación, se pondrían ciertos límites para la transmisión de las viviendas resultantes. Legislar siempre es complicado pero la flexibilización de las zonas donde poder construir sería un buen inicio.

2021-06-19

Dagae Mejoras tangibles, no más venta de humo

Está muy bien legislar y como en cualquier ámbito, el diseño y la planificación previa es imprescindible, no obstante, en Asturias ya se ha planificado y diseñado el futuro varias veces, a nivel legislación pero sin repercutir luego en la sociedad, así que por favor, si esto no se traduce en mejoras tangibles, si es simplemente humo, como en ocasiones anteriores, es mejor que no hagan nada. Con que se aparten y no nos pongan tantas trabas a quienes queremos hacer de esta tierra un lugar con futuro nos es suficiente. En cuanto a la división por zonas, por favor, no nos encorsetemos demasiado, a lo mejor una zona concreta de Gijón puede ser más útil a nivel agricultura que una de El Franco, por poner un ejemplo, analicemos cada caso particular. Por otro lado, me parece muy interesante fomentar el sector agrícola/agroalimentario ya que tiene mucho potencial como nicho de empleo, y un margen de recorrido elevadísimo pero además debería de fomentarse la aparición de industrias derivadas de la agricultura o la pesca como podrían ser conserveras. Por otro lado, no se debería de olvidar que otros sectores como el forestal o el de la madera ya tienen actualmente mucha más demanda que oferta de personal cualificado que ayudaría a atraer población a zonas rurales y la gente, no lo sabe. El sector agrícola, ganadero y forestal deben de ser estratégicos en Asturias, solo esto junto con el mantenimiento y mejora del tejido industrial hará que salgamos adelante.

2021-06-11

Nucleo Rural Núcleos Rurales afectados por el PESC

Estos núcleos rurales están totalmente maniatados por la legislación vigente. Permitir su expansión contra el mar, y dotarlos de posibilidades constructivas para fijar población parece necesario. No desaparecerán nunca, por tanto lo más aconsejable es dejarlos respirar y desarrollarlos dentro de unos límites, porque también generan paisaje.

2021-05-28

ALL Al lío!

Ser capaces de tomar distancia consciente sobre la fragilidad de nuestros sistemas de funcionamiento y de nuestra propia vulnerabilidad, nos debe permitir reconocer y asumir con humildad nuestros límites y ser capaces de analizar constructivamente aquellos errores que se hubieran podido cometer, para mejorar en cada nuevo cambio que se proponga, enfocado como una oportunidad necesaria. Nuestra sociedad lleva un tiempo confundiendo algunos conceptos que, sin duda, nos llevan a lograr resultados colectivos pero que luego, no necesariamente siempre deseamos de forma individual. Los grandes problemas estructurales originalmente basados en las desigualdades crecientes, se intensifican con cada crisis y nos muestran la necesidad de adaptarse a los cambios cada vez más rápidos y más necesarios. Por ese motivo entre muchoc, no cabe otro sentimiento inicial que congratularse ante esta iniciativa Legislativa, siempre compleja y de trayecto largo, para que necesariamente pueda llegar a desarrollarse con la mayor agilidad posible en el trámite y desemboque en un instrumento sencillo, adaptable y eficaz que deberá ser vital para la gestión de nuestro marco territorial en el futuro.

2021-05-20

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