* La consulta pública previa tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma, antes de la elaboración de una disposición normativa, es decir, antes de la elaboración del borrador. (Acuerdo de 25 de enero de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las directrices para la ordenación de la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias).

Los indicadores de empleo y de pobreza del Principado de Asturias, unidos a factores como el envejecimiento de la población y su dispersión territorial, ponen de manifiesto un contexto socio-económico que, aun cuando presenta una mejor situación que la media nacional, presenta barreras para la inclusión social de los colectivos en situación de vulnerabilidad.

La brecha digital pone en riesgo de desconexión a aquellas personas que por sus características personales o de contexto están excluidas o en riesgo de exclusión y para los que la tecnología puede ser uno más de los factores que inciden en esta situación de vulnerabilidad. Por tanto, si el proceso de digitalización de la población no se aborda de manera adecuada y eficaz puede llegar a convertirse en un factor más de exclusión social y vulnerabilidad para con estos colectivos.

De forma consecuente con esta norma, resulta esencial eliminar la barrera de acceso digital si bien las dificultades económicas pueden ser determinantes en el ejercicio de derechos por medios digitales e incluso llegar a incrementar de forma exponencial el riesgo de exclusión social de la población. Por ello, un componente clave de esta nueva norma es la concesión de estas ayudas de apoyo a la intervención de las personas que participen en él para la adquisición de medios y conectividad a fin de facilitar a las personas participantes el acceso a todas las herramientas necesarias para poner en práctica todos los conocimientos adquiridos.

La presente norma resulta oportuna y necesaria para que la digitalización de los colectivos vulnerables y de todas aquellas personas en riesgo de exclusión social, se convierta en un instrumento efectivo de inclusión para la población y que abarque en la vida de las personas, fundamentalmente, por un lado la digitalización para el ejercicio de los derechos ciudadanos frente a las administraciones públicas y, de otro lado, la digitalización para la mejora de la vida social y cotidiana de las personas.

La aprobación de esta norma supondrá la búsqueda y logro de la participación digital como una forma de mitigar la exclusión social al introducir el acceso de los grupos desfavorecidos a los beneficios del uso de internet y las nuevas tecnologías. En este mismo sentido, cabe afirmar que el acceso y el uso de dispositivos digitales e internet son verdaderamente importantes para ayudar a las personas a mantenerse en contacto, así como para crear y mantener vínculos sociales. A mayores, estas personas podrán ampliar incluso su capital social, conectividad, aprendizaje, compromiso social y apego a la comunidad gracias al uso de internet; no obstante, todos estos factores van mucho más allá pues la inclusión digital es un factor clave para conseguir la igualdad social y garantizar por tanto la igualdad de acceso a todos los ciudadanos de los numerosos beneficios que ofrece Internet y su conectividad.

El objetivo general de la nueva norma es impulsar la activación inclusiva social mediante la reducción de la brecha digital que sufren las personas en riesgo de pobreza y exclusión social, en concreto, las personas beneficiarias de rentas mínimas: el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el Salario Social Básico (SSB) o ambas en su caso.

De manera más específica, los objetivos de esta norma están orientados a las siguientes acciones:

• Alcanzar competencias digitales que permitan desarrollar el ejercicio pleno de la ciudadanía mediante la administración electrónica y el desarrollo de la identidad digital ciudadana.
• Garantizar el acceso a los servicios públicos a través de medios digitales mediante una evaluación participativa de los servicios de la administración electrónica de servicios sociales por parte de los beneficiarios del proyecto.

Así mismo y para poder conseguir estos objetivos de manera específica, la nueva norma contempla al respecto cuatro líneas de actuación:

• Aplicación de metodologías de evaluación participativa de los servicios de administración electrónica, mediante un sistema de aprendizaje adaptativo e individualizado a través de itinerarios formativos;
• Concesión del bono “CONECT-AS” para la inclusión social digital, condicionada a la participación activa en los itinerarios formativos, en el proceso de evaluación y a la concurrencia de una prueba final que evaluará las competencias adquiridas.
• Despliegue de una red de apoyo y asesoramiento configurada en torno a nodos tecnológicos (Centros de Dinamización Tecnológica Local (CDTL) y otros centros similares en todo el territorio);
• Mejora de la accesibilidad a las principales prestaciones sociales (estatales, autonómicas y locales) a través de medios electrónicos.

Teniendo en cuenta que estas rentas mínimas van dirigidas a población con especiales dificultades por encontrarse en riesgo de exclusión social, es deber de la Administración promover todas aquellas medidas integradoras que garanticen la plena igualdad de los ciudadanos. El actual mercado de trabajo evoluciona a un ritmo vertiginoso y cada vez requiere más a los trabajadores de conocimientos sobre el manejo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación a todos los niveles.

Esta demanda constante de actualización ha de convertirse en una oportunidad y no en un hándicap para todas aquellas personas que sufren inestabilidad laboral y que requieren de un reciclaje continuo en sus capacidades, en especial, aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión social y bajo el paraguas de los diferentes sistemas de rentas mínimas. De igual manera y en relación a las zonas rurales o de especial dispersión, el uso de las nuevas tecnologías se alza como la herramienta por excelencia para fijar población, si bien permiten acceder a la ciudadanía a toda la oferta de servicios para la vida cotidiana, al teletrabajo y al emprendimiento en condiciones de igualdad.

Por tanto, para lograr la consecución de estos objetivos, se pretende que 3.000 personas beneficiarias de las rentas mínimas del IMV, SSB o ambas y procedentes de todo el territorio del Principado de Asturias participen en este proyecto.

No existen soluciones alternativas.

Este proyecto está financiado con Fondos Next Generation en el marco de la Componente 23 “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”.