* La consulta pública previa tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma, antes de la elaboración de una disposición normativa, es decir, antes de la elaboración del borrador. (Acuerdo de 25 de enero de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las directrices para la ordenación de la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias)

Desarrollar en el ámbito autonómico las modificaciones introducidas por la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, en el título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en lo relativo a la admisión del alumnado de centros docentes no universitarios públicos y privados concertados del Principado de Asturias.

Por Resolución de 26 de febrero de 2018, se aprobó el procedimiento de admisión del alumnado en centros docentes no univeristarios públicos y privados concertados del Principado de Asturias.

Se pretende ahora, con la tramitación de esta nueva resolución, que deroga la anterior, actualizar todos aquellos apartados que se encuentran afectados por las modificaciones introducidas por la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, en la Ley Orgánica 2/2006, así como actualizar e integrar en el procedimiento de admisión de alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos todos aquellos aspectos que se han puesto de manifiesto durante los años de experiencia en su aplicación.

El objetivo de la presente resolución es la regulación del procedimiento de admisión de alumnado en centros docentes no universitarios públicos y privados concertados del Principado de Asturias.Resolución

Se hace necesaria una nueva regulación por la que se actualice la anterior, ya que la asignación de plaza escolar al alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos constituye uno de los procesos anuales más relevantes desarrollados por la Administración educativa, no sólo por el volumen sino por la importancia que las familias otorgan al acceso a una plaza escolar. Siendo responsabilidad de la administración asegurar que el procedimiento goce de la mayor transparencia, eficacia y eficiencia posible, conjugando la libertad de elección de centro, el acceso en condiciones de igualdad y calidad, la adecuada y equilibrada distribución del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, así como el principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos.