Consulta Pública Previa

  • Rango: Ley
  • Asunto: Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Salud Pública
  • Consejería: Consejería de Salud
  • Organismo: Dirección General de Salud Pública
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Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Salud Pública

Consejería de Salud

Dirección General de Salud Pública

¿Qué se pretende solucionar?

* La consulta pública previa tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma, antes de la elaboración de una disposición normativa, es decir, antes de la elaboración del borrador. (Acuerdo de 25 de enero de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las directrices para la ordenación de la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias).

Con la aprobación de esta ley, sobre las bases establecidas en la Ley del Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud, y en cumplimiento del artículo 43 de la Constitución Española, se pretende la efectividad del derecho a la protección de la salud y el cumplimiento del mandato a los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública, resolviendo, mitigando o eliminando los condicionantes, riesgos y conflictos que pueden limitarlos.

Asimismo, esta ley debe hacer frente a los nuevos retos que en los tiempos actuales se están presentando y que requieren el fortalecimiento y la innovación en las políticas de salud pública que se desarrollen.

Necesidad y oportunidad de su aprobación

La Ley del Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud ordena las actuaciones de salud pública, incluidas las referentes a la salud ambiental, laboral, seguridad alimentaria y al consumo. Resulta pues ahora necesario la definición, desarrollo, articulación y coordinación de estas actuaciones que garanticen la protección y promoción de la salud poblacional mediante la salud pública en Asturias.

La situación actual de emergencia sanitaria a nivel mundial, así como el mejorar los entornos donde vivimos y las condiciones en las diferentes etapas de la vida para conseguir personas y comunidades más resilientes, han puesto de manifiesto con más gravedad y urgencia la necesidad de una salud pública en todas las políticas sólida y fuerte que pueda prevenir y, en su caso, hacer frente con las mayores garantías a los riesgos existentes para la salud de la población.

Objetivos de la norma

Definir los principios generales, funciones, derechos y deberes en el ámbito de la salud pública, actuaciones, estructuras y organización, investigación y evaluación así como el régimen sancionador.

Rango de la norma

Ley

Soluciones alternativas

No existen soluciones alternativas. La aprobación de esta ley se considera la solución idónea para atender las necesidades y retos existentes para la salud pública en Asturias.

*Aspectos de interés en este proceso participativo:

Sin perjuicio de cualquier otro que se pueda considerar por las personas y organizaciones interesadas, resulta de especial interés las aportaciones a la norma, teniendo presente como marco de actuación lo recogido en el Plan de Salud del Principado de Asturias en cuanto a salud en todas las políticas, equidad en salud, determinantes sociales y participación ciudadana, referidas a los siguientes aspectos:

– Las competencias y funciones esenciales de la salud pública a desarrollar o promover por los poderes públicos en la Comunidad Autónoma contando con la participación social.

– Las estructuras administrativas necesarias que permitan el desarrollo de esas competencias y funciones así como la coordinación interinstitucional necesaria.

– Organización en el territorio en coordinación con las Entidades Locales y Organizaciones Sociales.

 


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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA


DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNANZA PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y AGENDA 2030
PORTAL DE PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Informe emitido automáticamente por la aplicación para hacer constar la publicación de la iniciativa.


Informe de la iniciativa

Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Salud Pública.

Tipo

F. publicación

F. inicio de aportaciones

F. fin de aportaciones

Consejeria

Organismo

Consulta pública previa

2020-12-02

02/12/2020

17/12/2020

Consejería de Salud

Dirección General de Salud Pública

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COPESPA APORTACIONES DEL COLEGIO PROFESIONAL DE EDUCADORES SOCIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - COPESPA

APORTACIONES DEL COLEGIO PROFESIONAL DE EDUCADORES SOCIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS – COPESPA - Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Salud Pública Consejería de Salud Dirección General de Salud Pública En nombre de las/los profesionales de la Educación Social que ejercemos la profesión en el Principado de Asturias, se aporta la propuesta a este Anteproyecto de Ley, tras la revisión y análisis de Marco Normativo, tanto desde la Constitución Española, como norma fundamental del Estado, como por la Ley del Principado de Asturias 7/2019 de 29 de marzo, de Salud, donde extraemos aquellos secciones y artículos que inciden directamente en el ejercicio de nuestra profesión, como profesionales corresponsables con aquellos que procedentes del ámbito sanitario o sociosanitario, procuramos que la Salud Social sea parte indisoluble de la Salud Psíquica y Física, como siempre ha reconocido la OMS. Hablar de Salud Pública sin Educación Social, es olvidar la relevancia que la Salud Social y la intervención socioeducativa tienen como elemento vertebrador en nuestra sociedad; realidad que hemos evidenciado con la crisis sanitaria del COVID, como parte del aprendizaje a lo largo de la vida, que nos hace sentirnos parte de una comunidad más social. EDUCADORES SOCIALES EN LA SALUD PÚBLICA ASTURIANA Teniendo en cuenta que somos una profesión joven, cuyo Título Universitario tuvo su origen hace 30 años, aunque la Diplomatura en Educación Social no es la primera formación de los educadores sociales en nuestro país. La primera noticia en el estado español de una formación organizada para educadores especializados fue un curso organizado por la Diputación de Barcelona el año 1969. Este mismo año esta Diputación provincial ya constituyó el Centro de Formación de Educadores Especializados en Barcelona, centro adscrito al I.C.E. de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este Centro desarrolló sus actividades hasta el 1980. • Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título universitario oficial de Diplomado en Educación Social y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. Desde hace más de una década, y con el acuerdo de Bolonia que desembocó en el Título Universitario de Grado, por el que podemos definir nuestro perfil profesional como: • Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales conforme Espacio Europeo Educación Superior (Plan Bolonia) “La persona capacitada para desarrollar profesionalmente los conocimientos científicos necesarios para la comprensión, interpretación, análisis y explicación de los fundamentos teórico-prácticos de la educación en distintos espacios y tiempos sociales, partiendo de la concepción del Educador Social como un profesional que recibe un encargo social y educativo particular. Para poder dar cuenta del mismo, necesita un repertorio de saberes aprendidos y asumidos por formación y por experiencia,[6] desde los cuales se articula tanto su propio discurso profesional como las orientaciones éticas y técnicas que le sitúan en un lugar apropiado para satisfacer las demandas y necesidades socioeducativas del conjunto de la ciudadanía” Los ámbitos de trabajo, especificando que el título de Grado de Educador/a Social debe posibilitar, partiendo de la base pedagógica, filosófica, psicológica, sociológica, antropológica e histórica antes mencionada, adquirir la formación inicial básica para desempeñar una actividad profesional en los siguientes ámbitos: • La Educación Familiar y el Desarrollo Comunitario. • La Intervención Socioeducativa en la Formación Reglada no Universitaria. • La Intervención Socioeducativa en la Formación No Reglada • La Intervención Socioeducativa en la Mediación, la diversidad y la Integración Social. • La Educación del Tiempo Libre, la Animación y la Gestión Sociocultural. • La Educación Ambiental y la Educación-promoción del patrimonio cultural. • La Intervención Socioeducativa en Infancia y Juventud. • La Intervención Socioeducativa en Programas de Prevención (Drogodependencias, Conflictos, Educación Afectivo-Sexual, Educación para la Salud etc.…) • La Intervención Socioeducativa en Programas de Modificación de Conducta. • La Intervención Socioeducativa en Discapacidad. • La Intervención Socioeducativa en Salud Mental. • La Intervención Socioeducativa en Drogodependencias. • La Intervención Socioeducativa en Programas de Educación de Adultos. • La Intervención Socioeducativa con Personas Mayores. • La Intervención Socioeducativa en Minorías Étnicas. • La Intervención Socioeducativa en los Servicios Sociales Básicos y Especializados. Para poder avanzar en ello, sería necesario empezar a construir creando en Asturias la categoría de Técnico Medio en Educación Social en las Instituciones sanitarias del SESPA, tal y como hace tres años lo llevó a cabo la Comunidad Cántabra incorporándola a la categoría perteneciente al Grupo A, Subgrupo A2, clasificada como personal estatutario de gestión y servicios https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340235 PERFILES Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LAS/LOS EDUCADORES SOCIALES EN A.P. Y ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES SANITARIAS. (Rocío Gutiérrez Fernández – Educadora Social José Quintanal Díaz, Facultad de Educación – UNED) • El/La Educador/a Social como acompañante de procesos. En el ámbito de la Salud Publica, siendo conocedores que no somos profesionales con formación sociosanitaria, pero sí lo somos de lo Social, como expertos en el acompañamiento a las personas en los procesos de cambio, autonomía y procesos de desarrollo comunitario y construcción de ciudadanía. • El/a Educador/a Social como agente de humanización. Humanizar, significa colocar a la persona en el centro de los procesos y que ella misma sea la medida de las cosas y no al revés. El/a Educadora Social se convierte en agente de humanización, promoviendo la responsabilidad de los individuos en sus procesos vitales, reconociendo el protagonismo de los usuarios y de sus familias, evitado comportamientos paternalistas, ofreciendo herramientas para la autonomía y comprometiéndose en la eliminación de situaciones de precariedad y exclusión social (Bermejo, 2014), jugando un papel fundamental en la difusión de los deberes y derechos de los usuarios. • El/a Educador/a Social como educador de adultos. Siendo una de las grandes dificultades de la Promoción de la Salud en la comunidad, como parte de la formación específica de los profesionales sanitarios, Los/las Educadores/as Sociales contamos con los conocimientos para la elaboración de Planes y Programas que permitan a la población adulta desarrollar una ciudadanía activa, con capacidad para el desarrollo de diferentes estrategias educativas, con competencias para gestionar todo tipo de recursos educativos existentes en el entorno, y la evaluación de sus acciones. • El/a Educador/a Social como animador/a sociocultural. Siendo la Animación Sociocultural y el Desarrollo Comunitario, como herramientas necesarias para darle la posibilidad a las personas de convertirse en agente activo de su proyecto de vida. LA EDUCACIÓN SOCIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA 1. OBJETIVO: Prevención y Promoción de la Salud 2. FUNCIONES: 1. Informativa: Elaboración de mapas de recursos sociales de la comunidad. 2. Organizativa: - Planificación de los programas de intervención a partir de las necesidades detectadas. - Coordinación y canalización de demandas. - Coordinación de los agentes que contribuyen a la mejora del entorno sanitario 3. Socioeducativa: - Mediación, información, motivación y atención a usuarios. - Acompañamiento personal en el proceso de salud/enfermedad - Prevención y satisfacción de necesidades educativas (embarazo, infancia/adolescencia, envejecimiento saludable, …) - Diseño de herramientas informativas y de difusión. LA EDUCACIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO 1. OBJETIVOS: - Favorecer la humanización de la vida en el centro hospitalario - Optimizar la calidad de vida hospitalaria, para las y los trabajadores y pacientes y las familias. 2. FUNCIONES A NIVEL INTRAHOSPITALARIO: Con pacientes y familiares: a) Informativa: - Asesoramiento: afrontamiento de la enfermedad. - Manejo de situaciones con el paciente y la familia. - Elaboración de materiales informativos. b) Socioeducativa - Integración de la enfermedad: proceso, tratamiento, funcionalidad del centro. - Accesibilidad de minorías en el Centro, mediación lingüística, etc - Mediación para el desarrollo personal, establecer rutinas e incentivar logros. - Manejo de situaciones con el paciente y su familia. - - Soporte emocional: programación de actividades terapéuticas alternativas (musicoterapia, risoterapia, biblioterapia,…) - ASC: programación de actividades cotidianas de ocio, cultura e interrelación. Con profesionales sanitarios: - Facilitar y promover la información y formación a los agentes sanitarios, generando en los mismos actitudes proactivas. - Propuestas de Formación y Humanización de las relaciones en el Centro Hospitalario. 3. FUNCIONES A NIVEL EXTRAHOSPITALARIO - Socioeducativa - Difusión: Carta de Derechos y Deberes de los ciudadanos como pacientes/usuarios. - Generar redes sociales y asociacionismo específico. - Organizar encuentros divulgativos. - Integración del entorno  Colaboración con los centros educativos (Primaria e IES)  Generación de voluntariado.  Colaboración con otros profesionales de la Acción Social. MARCO NORMATIVO EN LOS QUE SE RECOGEN LAS TAREAS Y FUNCIONES EN LAS QUE SE RECOGEN COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LAS/LOS EDUCADORES/AS SOCIALES CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA • Artículo 43 de la CE: Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Ley del Principado de Asturias 7/2019 de 29 de marzo, de Salud Capítulo IV . Sección 1 • Artículo 20 El Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias desarrolla, al menos, las siguientes actuaciones de salud pública: a) Promoción de la salud y prevención de la enfermedad, adoptando acciones sistemáticas de educación para la salud, y de generación de entornos saludables. b) Elaboración de información y análisis epidemiológicos a nivel territorial para facilitar el conocimiento de las necesidades y de los principales activos para la salud. c) Promoción y protección de la salud en relación con los riesgos medioambientales, y prevención de los factores de riesgo en este ámbito. d) Promoción y protección de la salud, y prevención de los factores de riesgo a la salud en los establecimientos públicos y lugares de convivencia. e) Vigilancia en salud pública. f) Prevención de los factores de riesgo y protección de la salud frente a los efectos dañinos producidos por bienes de consumo. g) Promoción y protección de la salud en relación con los productos farmacológicos, y prevención de los factores de riesgo en este ámbito. h) Prevención de los factores de riesgo y protección de la salud frente a las sustancias susceptibles de generar dependencia. i) Promoción y protección de la salud en relación con la seguridad alimentaria. j) Prevención y protección de las zoonosis. k) Promoción y protección de la salud sexual y reproductiva. l) Protección de la salud materno-infantil. m) Promoción y protección de la salud escolar. n) Promoción y protección de la salud mental, y prevención de los factores de riesgo en este ámbito. o) Fomento de los hábitos de vida saludables entre la población y atención a los grupos sociales de mayor riesgo y, en especial, a la infancia, jóvenes, personas con discapacidad y personas de mayor edad. p) Promoción y protección de salud deportiva no profesional y prevención de los riesgos generados por su práctica. q) Detección, análisis y prevención sanitaria de las enfermedades emergentes. r) Policía sanitaria mortuoria. s) Control de la publicidad sanitaria. t) Fomento de la participación y la responsabilidad de las personas en su salud. u) Detección de inequidades y desigualdades en salud. CAPÍTULO VI. PARTICIPACIÓN SOCIAL • Artículo 40 Fomento de la acción comunitaria en salud 1. La acción comunitaria en salud supone que los individuos actúen colectivamente con el fin de conseguir una mayor influencia y control sobre los determinantes de la salud y la calidad de vida de su comunidad. 2. La participación asociativa en salud está constituida por el conjunto de iniciativas que parten del ámbito comunitario, tales como movimientos asociativos de pacientes o familiares y otros movimientos del mismo carácter. Su finalidad fundamental es la contribución colectiva para abordar los problemas relacionados con la salud, dentro de un contexto comunitario. 3. El fomento de la acción comunitaria en salud constituye una obligación de la Administración del Principado de Asturias y de las entidades locales. • Artículo 43 Voluntariado 1. El voluntariado en salud estará constituido por personas que, de forma altruista y solidaria, individual o colectiva en el marco de organizaciones sin ánimo de lucro, colaboren en la realización de actividades complementarias de apoyo en el Sistema Sanitario, de acuerdo con lo previsto en la Ley del Principado de Asturias 10/2001, de 12 de noviembre, del voluntariado, y la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 2. La Administración del Principado de Asturias facilitará la colaboración y cooperación con el voluntariado, en el ámbito del Sistema Sanitario, facilitando los cauces necesarios para que dicha cooperación sea efectiva. 3. Se excluirán de las funciones y tareas de colaboración y cooperación del voluntariado las propias de los empleados públicos. 4. Ninguna colaboración, individual o colectiva, de voluntariado implicará relación laboral con la Administración del Principado de Asturias o con el Sespa. 5. La autoridad sanitaria podrá establecer acuerdos o convenios de colaboración con las entidades de voluntariado, de acuerdo a la normativa vigente. TÍTULO IV. Derechos y deberes en el ámbito de la salud • CAPÍTULO I. Derechos de los usuarios y pacientes Artículo 57 Derecho al acompañamiento de los pacientes 1. El paciente tiene derecho, en todos los casos, a ser acompañado, al menos, por una persona con la que mantenga vínculos familiares o de hecho o una persona de su confianza. Se tendrá especial consideración en el acompañamiento de los siguientes grupos poblacionales: a) Personas menores de edad b) Personas con deterioro cognitivo severo c) Personas con discapacidad d) Mujeres en momento del parto e) Personas que padezcan enfermedades mentales graves f) Personas en el proceso del final de su vida TÍTULO V DE LA SALUD PUBLICA Artículo 68 Promoción de la salud 1. La Consejería competente en materia de sanidad desarrollará una Estrategia de Promoción de la Salud y Participación en Asturias en el marco del Plan de Salud e incluirá entre sus objetivos los de fomento de una alimentación segura y saludable y de entornos saludables, participación en salud y cooperación trasversal con otros sectores. 2. Las políticas de promoción de la salud prestarán especial atención a los ámbitos educativo, deportivo, sanitario, laboral, local y de servicios sociales. La Administración del Principado de Asturias, en el ámbito de sus competencias, garantizará la incorporación de objetivos de salud colectivos en estos ámbitos, así como las estructuras de coordinación precisas para garantizar su desarrollo efectivo. Artículo 69 Actuaciones de promoción de la salud y educación para la salud en el medio educativo 1. La Administración del Principado de Asturias, en el ámbito de sus competencias, promoverá el interés por la salud desde la infancia, incidiendo en el medio educativo mediante el fomento de competencias de salud en los planes curriculares de formación. 2. La educación para la salud en el ámbito educativo se dirigirá a la adquisición de competencias que contribuyan a la conservación y mejora de la salud de la población escolar desarrollando una acción educadora en la salud a partir de las actuaciones docentes y no docentes de la comunidad educativa. 3.Reglamentariamente se establecerán los órganos de colaboración intersectoriales, su composición y funciones al objeto de asegurar que los objetivos de salud son incorporados al currículo educativo y se realizan las actividades de promoción y prevención acordes a la situación epidemiológica, en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma. 4. Los contenidos y actuaciones de educación para la salud se ajustarán a las necesidades que en cada momento se determinen por la autoridad sanitaria, teniendo en cuenta la vigilancia epidemiológica continuada y las propuestas de las Comisiones de Salud Escolar. En todo caso contemplarán como objetivos mínimos, entre otros: el desarrollo de competencias en alimentación saludable, hábitos de actividad física, relación con las adicciones como tabaco y alcohol e igualdad de género.

2020-12-17

aemvet Aportaciones al anteproyecto de ley ( AEMVET )

El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud y atribuye a los poderes públicos la potestad de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. En desarrollo de este precepto el Estado aprobó la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que tiene la condición de norma básica en el sentido previsto en el artículo 149.1.16. En su artículo 8, esta Ley considera actividad básica del sistema sanitario la actividad veterinaria relacionada con, entre otras, la prevención y lucha contra la zoonosis y las técnicas necesarias para la evitación de riesgos en el hombre debidos a la vida animal o a sus enfermedades. Igualmente, su artículo 4, establece que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas y las demás Administraciones públicas competentes, organizarán y desarrollarán todas las acciones sanitarias dentro de una concepción integral del sistema sanitario. Y, en su artículo 18, atribuye a las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los Órganos competentes en cada caso, la promoción y mejora de las actividades de Veterinaria de Salud Pública, sobre todo en la prevención y lucha contra la zoonosis. El artículo 29 de dicha Ley establece como medida encaminada a asegurar la protección de la salud, que los centros y establecimientos sanitarios cualesquiera que sea su nivel y categoría o titular, precisarán autorización administrativa para su instalación y funcionamiento, así como para las modificaciones posteriores que puedan llevarse a cabo respecto de su estructura y régimen inicial, otorgando a la Administración del Estado, en su artículo 40, el desarrollo del Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios, donde se recogerán las decisiones, comunicaciones y autorizaciones de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus competencias. Adicionalmente, el artículo 30 dispone que todos los centros y establecimientos sanitarios estarán sometidos a la inspección y control por las Administraciones Sanitarias competentes. La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública tiene por objeto establecer las bases para que la población alcance y mantenga el mayor nivel de salud posible. Define la salud pública como un conjunto de acciones sanitarias, sectoriales y transversales y, basándose en lo expuesto es su preámbulo, donde reconoce que también los animales con los que convivimos determinan la salud de las personas, evidencia el carácter sanitario que poseen los centros o establecimientos de veterinaria cuando hace referencia a ellos, a la vez que a las oficinas de farmacia, en el punto primero de su artículo 24, dedicado a la colaboración de otros centros y establecimientos sanitarios con la salud pública. Además, establece en su artículo 12 que, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras autoridades, la vigilancia de la salud pública deberá tener en cuenta, entre otros factores, las enfermedades transmisibles, incluidas las zoonosis y enfermedades emergentes. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que tiene por objeto establecer el marco legal para las acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones públicas sanitarias de modo que se garantice la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud, y es aplicable tanto a los servicios sanitarios públicos como a los privados, admite que la excelente respuesta que hemos dado al requerimiento constitucional de protección de la salud desde la vertiente del cuidado de las personas enfermas, debe ahora complementarse con la vertiente preventiva y de protección y promoción de la salud. También reconoce que la inteligencia en salud pública, entendida ésta como el conjunto de personas con capacidad profesional y científica para abordar problemas de salud pública, es de alto nivel en España, pero, también, que no se había trabado, en aquel momento, una organización que aprovechase eficientemente estos recursos consiguiendo la cohesión humana imprescindible. Por ello, se promulgó la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, con el fin de regular los aspectos básicos de las profesiones sanitarias cuando presten sus servicios profesionales en centros sanitarios integrados en el Sistema Nacional de Salud o cuando desarrollen su ejercicio profesional, por cuenta propia o ajena, en el sector sanitario privado. Las profesiones sanitarias de nivel Licenciado que reconoce esta normativa son las profesiones para cuyo ejercicio habilitan los títulos de Licenciado en Medicina, en Farmacia, en Odontología y en Veterinaria y los títulos oficiales de especialista en Ciencias de la Salud. En su artículo 6 otorga a los Licenciados en Veterinaria, entre otras, la prevención y lucha contra las enfermedades animales, particularmente las zoonosis, y el desarrollo de las técnicas necesarias para evitar los riesgos que en el hombre pueden producir la vida animal y sus enfermedades. Es decir, aquellas consideradas actividad básica del sistema sanitario en la Ley 14/1986, General de Sanidad. La citada Ley 16/2003 atribuye, en su artículo 6, al Ministerio de Sanidad y Consumo (hoy de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas la obligación de ejercer un control de las entidades sanitarias no integradas en el Sistema Nacional de Salud. Así, no es de extrañar que, cuando se promulga el Real Decreto 782/2013, de 11 de octubre, sobre distribución de medicamentos de uso humano, y se hace referencia, en el punto 3 de su disposición adicional tercera a la venta directa de medicamentos de uso humano a los profesionales sanitarios de la veterinaria, se establezca que los albaranes de entrega deberá figurar la identificación personal y profesional del peticionario, así como la identificación del centro, servicio o establecimiento sanitario donde ejerza el veterinario. Además, se añade, en el punto 4, la exigencia de que toda la documentación se mantendrá tanto en la oficina de farmacia, o entidad suministradora en su caso, como en el centro o servicio sanitario donde ejerza el veterinario, a disposición de la autoridad competente en cuyo ámbito desarrolle la actividad asistencial. La varias veces citada Ley 16/2003 establece en el artículo 27.3 que mediante Real Decreto se determinarán, con carácter básico, las garantías mínimas de seguridad y calidad que, acordadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, deberán ser exigidas para la regulación y autorización por parte de las Comunidades Autónomas de la apertura y puesta en funcionamiento en su respectivo ámbito territorial de los centros, servicios y establecimientos sanitarios. Con la finalidad de hacer efectivas estas previsiones, se aprobó el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Además de establecer las bases para la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, el mencionado texto normativo, crea el Registro General de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, que se nutrirá de los datos de los centros, servicios y establecimientos sanitarios que se hayan autorizado en las diversas comunidades autónomas y hayan sido inscritos en los Registros autonómicos. Al mismo tiempo, establece en sus anexos, una prolija clasificación de centros, servicios y establecimientos sanitarios, definiendo cada uno de los tipos de centro y de unidades o servicios que pueden crearse en los mismos. A pesar de que toda la legislación en materia de sanidad incluye a la veterinaria como una actividad sanitaria básica y considera a los centros o establecimientos donde se practica como centros sanitarios, este Real Decreto no incluye a los establecimientos veterinarios dentro de su regulación. Y ello a pesar de reconocer que sus disposiciones se aplicarán a todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios, públicos y privados, de cualquier clase y naturaleza. Sólo se hace la salvedad de que, por poseer una normativa específica, las disposiciones de este real decreto no serán de aplicación a los establecimientos dedicados a la distribución, importación o elaboración de medicamentos o productos sanitarios y a los servicios y unidades técnicas de protección radiológica. El Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, establece en su artículo 4.1 que en el registro se incorporarán los datos de los profesionales sanitarios con título universitario de la rama de ciencias de la salud, entre los que incluye a los veterinarios. El artículo 6.1.g) especifica que los centros sanitarios privados inscritos en el Registro general de centros, servicios y establecimientos sanitarios, deberán comunicar todos los datos a los que estén obligados respecto de sus registros de profesionales sanitarios. De acuerdo con el anexo II, entre dichos datos se encuentra el lugar de ejercicio. El anexo I especifica que la dirección postal será el código del centro que figure en el Registro general de centros, servicios y establecimientos sanitarios. El Principado de Asturias carece de normativa alguna que regule el registro de los Centros Sanitarios Veterinarios. En nuestra opinión, este Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Salud Pública debe incluir la creación del Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios Veterinarios, como medida básica para ejercer el control e integración del sistema sanitario dentro de los servicios de Salud Pública.

2020-12-17

juanjose.fernandeztorres@asturias.org Veterinaria de Salud Pública

Teniendo en cuenta que la actual Ley General de Sanidad considera como actividad básica del Sistema Sanitario a la Veterinaria de Salud Pública debería tenerse en cuenta a la hora de elaborar la Ley de Salud Pública del Principado de Asturias. Además la Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias considera a los Veterinarios como profesionales sanitarios y como los encargados de, entre otras funciones, la prevención y lucha contra las enfermedades animales, particularmente las zoonosis, por ello también debería considerarse en esta Ley de Salud Pública del Principado de Asturias.

2020-12-17

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