* La consulta pública previa tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma, antes de la elaboración de una disposición normativa, es decir, antes de la elaboración del borrador. (Acuerdo de 25 de enero de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las directrices para la ordenación de la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias).

• Impulsar la recuperación económica y social a través de la industria.
• Fomentar y consolidar iniciativas empresariales generadoras de riqueza y empleo estable y de calidad.
• Potenciar el desarrollo de un territorio verde, digital, sostenible y competitivo.
• Agilizar y simplificar la tramitación administrativa de proyectos industriales estratégicos para la región.

Ante la actual ausencia de normativa autonómica, a diferencia de otras CCAA, se aprecia la necesidad que por el Principado de Asturias se dote de una regulación específica sobre proyectos y actividades estratégicos, entendidos como aquellos que se declaren como tales por Consejo de Gobierno, por su especial relevancia para la recuperación económica, social y territorial del Principado de Asturias, con especial incidencia en la creación riqueza y empleo en la región y que tienden hacía la sostenibilidad medioambiental.

Se pretende que los proyectos declarados estratégicos tengan en términos generales un impulso preferente y urgente ante las administraciones públicas asturianas. Se valorará que, a través de la declaración del carácter estratégico, los proyectos en cuestión pueda tener como efecto:

• Prioridad en la tramitación administrativa.
• Acceso a una ventanilla única para reducir la complejidad, incrementar la eficiencia y la transparencia y aprovechar las sinergias entre las administraciones implicadas.
• Aprobación del mismo y autorización para iniciar y ejecutar las obras y las instalaciones.
• Posibilidad de no sujeción a licencias municipales ni a comunicaciones previas previstas en la normativa.
• Opción de incorporación en el planeamiento del ayuntamiento de la regularización urbanística del proyecto ejecutado, siempre que este se adecue sustancialmente al proyecto presentado, sin perjuicio de su efectividad inmediata.
• Declaración de utilidad pública cuando el promotor sea una administración pública, entidad pública o colaboración pública y privada, con mayoría de capital público.
• Reducción a la mitad de los plazos ordinarios de los trámites administrativos, excepto los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, los procedimientos de concurrencia competitiva y los de naturaleza fiscal.
• Reducción a la mitad de los plazos establecidos en los procedimientos medioambientales, salvo aquellos en que no resulte posible por aplicación de la legislación básica del Estado.
• Concesión prioritaria de subvenciones, de acuerdo con la legislación de subvenciones, siempre y cuando el proyecto cumpla los requisitos que establezca en la Ley, entre otros, generación de empleo y compromiso de inversión en I+D+I, entre otros.

No existen soluciones alternativas, ya que se hace preciso la aprobación de una Ley del Principado de Asturias por la Junta General.