Consulta Pública Previa

  • Rango: Ley
  • Asunto: Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana del Principado de Asturias
  • Consejería: Consejería de Presidencia
  • Organismo: Dirección General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030
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Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana del Principado de Asturias

Consejería de Presidencia

Dirección General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030

¿Qué se pretende solucionar?

* La consulta pública previa tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma, antes de la elaboración de una disposición normativa, es decir, antes de la elaboración del borrador. (Acuerdo de 25 de enero de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las directrices para la ordenación de la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias).

Dar respuesta a la necesidad de contar con un marco jurídico con rango de ley mediante el que se  regule la participación ciudadana en los asuntos públicos dentro de todas las Administraciones del Principado de Asturias, debido a la inexistencia de legislación específica sobre la materia.

Necesidad y oportunidad de su aprobación

Solventar los problemas indicados en el apartado anterior.

Objetivos de la norma

La ley pretende dar cumplimiento a la exigencia constitucional (art. 9.2) y estatutaria (art. 9.2.e) que obliga a los poderes públicos asturianos a “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”, así como el reconocimiento y garantía de concretos derechos de participación distintos a los derivados del artículo 23 de la Constitución (participación política en los asuntos públicos de manera directa o a través de representantes y reservada a personas españolas mayores de edad) y constituir, junto con la Ley de transparencia y buen gobierno, el marco de la gobernanza en el Principado de Asturias.Ley

Rango de la norma

Ley

Soluciones alternativas

No existen.


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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA


DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNANZA PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y AGENDA 2030
PORTAL DE PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Informe emitido automáticamente por la aplicación para hacer constar la publicación de la iniciativa.


Informe de la iniciativa

Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana del Principado de Asturias.

Tipo

F. publicación

F. inicio de aportaciones

F. fin de aportaciones

Consejeria

Organismo

Consulta pública previa

2020-12-29

29/12/2020

29/01/2021

Consejería de Presidencia

Dirección General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030

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APRI Propuesta de regulación de la transparencia de los grupos de interés ante los poderes públicos

Desde la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) valoramos positivamente la propuesta de elaboración del Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana por parte del Principado de Asturias, ya que creemos que ante la complejidad organizativa de nuestro Estado y la necesidad de dotar de mayor transparencia a las relaciones público- privadas, se hace necesario que se regulen las relaciones con los grupos de interés con las Administraciones Públicas , mediante mecanismos como la creación de un registro de los grupos de interés, el establecimiento de un código de conducta con actividades, límites y obligaciones, para mejorar la transparencia. Además, también creemos que se hace necesario abordar otros aspectos como la huella en la actuación pública, las agendas abiertas, los previsibles conflictos de interés, también llamadas “puertas giratorias”. Todos estos aspectos aparecen reflejados en nuestra propuesta que pueden encontrar en nuestra página web. https://relacionesinstitucionales.es/wp-content/uploads/2020/05/Propuesta-de-Regulacion-APRI-2020-Abril-FINAL.pdf En APRI llevamos más de 10 años urgiendo una regulación que permita “normalizar” las relaciones entre grupos de interés y responsables públicos ya que cada vez es más evidente el impacto de la acción política sobre la actividad económica. Esta actividad no solo es legítima, sino que además es deseable, y los poderes públicos tienen el mandato constitucional de establecer las condiciones reales y efectivas de participación de los ciudadanos en los asuntos que les afectan (artículos 9.2, 20.1 y 23 de la Constitución española). Los profesionales de las relaciones institucionales y asuntos públicos, apoyamos firmemente el desarrollo de una regulación que contenga todos los instrumentos necesarios para dotar de mayor transparencia a la acción ejecutiva y legislativa, con el convencimiento de que la misma resulta imprescindible para la consecución de un mejor servicio a la sociedad, en cuanto garantiza un mejor conocimiento tanto de las actividades desarrolladas por las distintas instituciones y organismos públicos, como de la forma en que se adoptan las decisiones en el seno de los mismos, lo que, al mismo tiempo, constituye una salvaguarda frente a la mala administración. Es por ello que hemos desarrollado una propuesta de regulación de la transparencia de los grupos de interés ante los poderes públicos; propuesta que aborda la regulación del régimen y la actividad de los grupos de interés y sus representantes con el fin de garantizar la transparencia en el ejercicio de la representación de intereses y en las decisiones de los responsables públicos. Siguiendo este ejemplo, muchas Comunidades Autónomas han entendido la importancia del asunto, y ante la falta de regulación nacional, han regulado las relaciones con los grupos de interés a nivel autonómico, como el caso de Cataluña, Castilla La Mancha, o más recientemente la Comunidad de Madrid. Además hay razones, algunas nuevas y de gran calado que hacen necesario dar carácter de urgencia a su aprobación nacional, y en su defecto a nivel autonómico. La transferencia y la inversión efectiva de los fondos europeos, tanto del marco presupuestario 2021 - 2027, como los específicos para la reconstrucción “Next Generation” son claves para España. No podemos permitirnos ningún tipo de acción que pueda retrasar o reducir la transferencia de dichos fondos a España. Recientemente, como condición para los plazos y cuantías de transferencia, el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo han acordado que tanto plazo como cuantía de transferencia quedarán condicionados a la decisión semestral que, sobre la calidad democrática de cada país, tome el Consejo Europeo a propuesta de la Comisión Europea. Europa va a exigir unos estándares de calidad democrática a los países para poder recibir y acceder a los Fondos Europeos y, sin embargo, esto está pasando inadvertido en España. Nos estamos centrando mucho en el reparto y poco en el control. Hay un informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en la que se identifican claramente las carencias de España en términos de calidad democrática como el procedimiento de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, la independencia de la Fiscalía General, la mejora de las normas de contratación pública y la inexistencia de una regulación de los grupos de interés en España. La vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaría de Transparencia y Valores, Vera Jourova, por otro lado, está insistiendo en la transparencia en el reparto de fondos europeos para evitar que la corrupción erosione la confianza de los contribuyentes. Desde hace unos años, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa (muy tenido en cuenta por las instituciones europeas) en su último informe sobre el cumplimiento de la prevención de la corrupción, cada país ha venido reclamando a España como una insuficiencia de calidad democrática, la necesaria regulación de los grupos de interés. Una dilación, en la práctica sin fecha, de dicho asunto, lo pondría en el foco de las denuncias sobre la calidad democrática de España, en especial por parte de otros estados que podrían tratar de involucrar a España para hacer más improbables las posibles sanciones, lo que España debería evitar a toda costa no dando lugar a ello por una razón tan fácil de evitar. En conclusión, en el entorno actual se ve necesario establecer una serie de normas que permitan aumentar la transparencia en la toma de decisiones políticas y legislativas tanto a nivel nacional como autonómico para facilitar la participación ciudadana en la vida política del país y de sus Instituciones, incrementar la eficiencia en la toma de decisiones políticas y la adopción de normas de cualquier rango y con ello dar cumplimiento a las disposiciones de la Constitución sobre la participación ciudadana en la vida pública en la senda de la transparencia iniciada por la Unión Europea y otros países de nuestro entorno .

2021-01-04

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